Blog-Posts from jun 23, 2014

Chile

El proyecto tendrá una explotación a cielo abierto y el procesamiento se hará a través de lixiviación bacteriana. Se estima una producción de 15.000 toneladas de cátodos de cobre al año.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Por unanimidad el Comité de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobó los cambios de la Resolución Ambiental (Obtenida en marzo de 2011) del Proyecto Minero Puquios que desarrolla Cuprum Resources, a 130 kilómetros al norte de La Serena, en la comuna de la Higuera de la citada región.

Según la base de proyectos de Portal Minero, el objetivo del proyecto es la producción de cátodos de cobre mediante una explotación a cielo abierto y el procesamiento metalúrgico, mediante lixiviación bacteriana, del mineral del yacimiento de cobre existente en la pertenencia Minera “Las Pascualas”. Se estima una producción de 15.000 toneladas de cátodos de cobre al año.

El yacimiento minero del proyecto, comprende tres tipos de minerales de cobre: sulfuros secundarios, óxidos verdes y óxidos negros. Actualmente, el recurso disponible para el proyecto, alcanza las 21,5 millones de toneladas de mineral con un grado promedio de 0,56% de cobre.

Según el Semanario Tiempo, el CEA aprobó por unanimidad cambios menores a la RCA, que incluyen una nueva ubicación y optimización del diseño del área del proceso y de electro-obtención Planta SX-EW; la optimización del diseño de piscinas de procesos (PLS, ILS y Refino) y piscina de emergencia; además de relocalizar el barrio cívico minero, entre otras correcciones.

La construcción de este proyecto está prevista para fines de este año o comienzos del próximo y considera la creación de 140 en la etapa de construcción y 200, cuando el proyecto entre en régimen operativo.

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Argentina

El grupo argentino ha invertido cerca de USD 215 millones entre 2010 y 2013, lo que le permitió incrementar su producción de petróleo, gas y energía.

Lunes 23 de Junio de 2014.- El grupo argentino Medanito, uno de los operadores petroleros locales más importantes de ese país, anunció la compra de la compañía Chañares Herrados. La operación involucra un monto total de USD 84,5 millones entre lo que desembolsó directamente la empresa – que adquirió un 52% de las acciones- y el aporte de Exmed SA, una de sus filiales, que se quedó con el restante 48%.

Apenas a comienzos de este mes, el grupo Medanito había anunciado una inversión de USD100 millones a través de Medanito-Flargent. Además, la firma ha invertido cerca de USD 215 millones entre 2010 y 2013, lo que le permitió incrementar su producción de petróleo, gas y energía; y aumentar sus ventas desde USD 83 hasta USD 194 millones el año pasado.

Chañares Herrados posee los derechos sobre dos concesiones para la explotación en Mendoza,   en un área que alcanza más de 200 k2, y tendría reservas brutas probadas sobre 7,1 millones de barriles (3,3 millones de barriles en reservas netas probadas); y una producción bruta de 2.181 barriles de petróleo diarios.

El plazo para el aprovechamiento de estos recursos vencía en primer término el 2017, pero fue prorrogado por otros diez años recientemente.

Con esto, Medanito amplía sus negocios en Argentina, donde posee numerosos proyectos de exploración y explotación de Hidrocarburos, además de procesamiento de gas y generación eléctrica.

En 2011, la compañía suscribió un acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC) y el International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, en el que ambas entidades se comprometieron a un aporte de capital por cerca de USD 50 millones, a cambio de un 20% de la participación en la sociedad. Según información entregada por medios argentinos, las tratativas en torno a esto se reanudaron en las últimas semanas, lo que podría significar que reactiven a través de esta operación las líneas de crédito hacia Argentina, congeladas desde la expropiación de YPF.

Chile

El proyecto minero tuvo un costo de USD 4.000 millones y se transformará en una de las faenas mineras más grandes del mundo.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Durante esta semana comenzará a operar la mina Sierra Gorda que desarrolla la polaca KGHM en la Región de Antofagasta. Así lo anunció el Presidente Ejecutivo de KGHM Herbert Wirth, quien apuntó: "Así es, fines de junio es una fecha planeada para la puesta en marcha de la mina. Hoy puedo decir que se cumplirá"

El Proyecto Minero Sierra Gorda tuvo un costo de USD 4.000 millones y se transformará en una de las faenas mineras más grandes del mundo, según lo consigna la agencia Reuters. KGHM es el segundo mayor productor minero de Europa.

Wirth agregó que KGHM International, la división de activos en el exterior de la minera controlada por el Estado, cotizaría en un mercado que entienda los pormenores de las materias primas. "Para resumir, si esto fuera un proyecto de IPO pequeño, entonces debería ser Toronto. Si fuera uno más grande, entonces Londres", dijo.

El Proyecto se encuentra ubicado en el distrito minero de Sierra Gorda, y en ella operan un número importante de minas de cobre y otros recursos, como son Spence (BHP Billiton), Centinela (AMSA), Gaby (Codelco), y Lomas Bayas (Glencore Xstrata).

El Proyecto Sierra Gorda, se ubica a 4,5 Kilómetros al NW del pueblo de Sierra Gorda. Aproximadamente a 60 Kilómetros de Calama y a 170 Kilómetros de Antofagasta y a una altura geográfica de 1.626 m.s.n.m.

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Chile

Antofagasta lidera las iniciativas con inversiones totales por USD 1.620 millones, de las cuales USD 1.500 millones corresponden a la minería.

Lunes 23 de Junio de 2014.- En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama el recurso más escaso es el agua. Como se trata de zonas desérticas, las iniciativas públicas y privadas para revertir ese déficit apuntan al mar, que aparece como la única fuente abundante y disponible.

Para esta década las inversiones públicas y privadas suman inversiones por unos USD 2 mil millones en plantas de desalinización, con el fin de destinar el agua de mar, con distintos niveles de tratamiento, a la actividad minera, riego agrícola y abastecimiento de agua potable a las comunidades.

Antofagasta lidera las iniciativas con proyectos por USD 1.620 millones, de los cuales USD 1.500 millones corresponden a la minería y USD 120 millones a una segunda planta de tratamiento para el consumo humano.

En Atacama, en tanto, la compañía española Aqualogy Medio Ambiente presentó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) su proyecto “Aguas Atacama”, por USD 300 millones, cuyo inicio de operaciones está contemplado para 2017 en el sector Punta Fuerte, en la bahía de Caldera. En la Región de Arica, la compañía Pampa Camarones considera recursos por USD 10 millones para utilizar un 100% de agua de mar en sus faenas.

El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, dijo que habrá que acostumbrarse a la idea de que la solución a las carencias de agua se encuentra en el océano. “Podríamos tener 5 o 10 plantas desalinizadoras. Lo irá determinando el mercado”, dijo.

Coincide el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, quien afirmó que este es “el camino lógico para resolver el problema de disponibilidad hídrica”. Agregó que “si no se usa agua de mar, la industria se ve orientada a solucionar sus problemas de disponibilidad vía la obtención de derechos de agua locales, lo que puede tensionar las relaciones de estos proyectos mineros con las comunidades aledañas”.

En el caso del consumo humano, en riesgo por la sequía, la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, planteó que en Copiapó obtuvo de la sanitaria de la zona el compromiso de contemplar “en su plan de inversiones la construcción de una planta desaladora de agua de mar, que iniciaría su operación hacia fines del año 2017”.


Megaproyecto minero

Desde Codelco señalaron que el proyecto de la planta desalinizadora para Antofagasta aún se encuentra en etapa de evaluación de impacto ambiental y que será la primera vez que la minera estatal la utiliza en sus faenas.

La empresa resaltó que el plan “requiere una inversión en torno a USD 1.500 millones para la planta y la línea de impulsión”. Según el detalle del plan, el agua de mar será captada en el borde costero y, posteriormente, tratada en una planta desaladora, con tecnología de ósmosis inversa. Dicha planta estará ubicada a 14 kilómetros al sur de Tocopilla. Desde ahí el agua desalada será conducida hacia las instalaciones de la División Radomiro Tomic, a 3 mil metros sobre el nivel del mar, mediante una tubería de una longitud de 160 km.

Respecto del trazado, el diseño contempla que las tuberías irán bajo tierra, de modo de generar menor impacto visual y tener mayor seguridad de operación del ducto. “El agua de mar será capturada 740 metros mar adentro y se llegará a producir 1.900 litros por segundo (l/seg.) de agua desalada de calidad industrial. Este proceso genera una salmuera que se distribuye en el mar en un amplio radio, disipando sus efectos a los 40 metros alrededor de la zona de descarga”, dicen en Codelco.


Agua potable

Otro proyecto en Antofagasta es una nueva planta de desalinización de agua de mar para consumo humano. Según el gerente general de la sanitaria Aguas Antofagasta, Hugo Masana, este proyecto permitirá abastecer a unas 140 mil personas, un 40% de la población urbana. Además, surtirá a los 10 mil habitantes de Mejillones. Se instalará en el sector sur y tendrá una vida útil de 20 años. El agua será captada a 934 metros de la costa y su producción será de 1.000 l/seg. El inicio de operaciones estaba previsto para agosto, pero la escasa disponibilidad de terrenos, por la expansión de proyectos inmobiliarios, atrasó las obras.

En Atacama, la iniciativa de Aqualogy está dividida en dos fases de 500 l/seg cada una, con una vida útil de 25 años. En tanto, la sanitaria Aguas Chañar proyecta instalar otra planta para consumo humano en Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla y Copiapó. El complejo generará 1.200 l/seg en la fase final.

Emol

Chile

Diversos resguardos han adoptado las compañías de este sector, debido a que quedaron operando con costos de producción acordes a una realidad US$4 la libra de cobre, muy distintos a los actuales US$3 la libra en que se cotiza el mineral.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Ante un precio del cobre que apenas supera los US$3 la libra y los altos costos de producción existentes, la pequeña  y mediana minería nacional está adoptando diferentes resguardos para enfrentar este escenario: internalización de contratos y aumento en la productividad, son algunos de las medidas que están tomando las compañías, pues además miran con atención la desaceleración de China, nuestro principal demandante del metal rojo.

Un factor clave que ha incidido en el aumento de costos de producción –según afirman empresarios y gremios-  fue el alto precio que exhibió el cobre en ejercicios recientes (cuando superó los US$4 la libra), lo que generó grandes presiones salariales, y por ello las empresas han debido seguir trabajando con altos sueldos no acordes a la actual cotización del mineral. Además, las mineras han sufrido con las disminución de las leyes del metal, lo que ha significado que producen el mismo volumen, pero a mayores profundidades y distancias.

El presidente de la Asociación Minera de la Región de O’Higgins, José Parra, comentó que su gremio está conformado por 70 pequeños productores, quienes están seriamente perjudicados por la actual situación, pues “han visto significativamente mermados sus ingresos”.

Por su parte, el gerente general de Minera Valle Central, Raúl Poblete, de la comuna de Requínoa, VI Región, comentó las medidas establecidas por su empresa. “Esencialmente lo que estamos haciendo, desde hace unos dos años, es tomar prácticamente todos los ítems de costos y analizar su estructura para ver en qué forma se puede optimizar”, indicó.

Eficiencia de la energía en los procesos de molienda, internalización de los servicios de mano obra, puesto que, según enfatizó, eran “excesivos”. Argumentó que “se perdieron las ventajas de tener contratistas externos, porque contaban con los mismos beneficios que los contratados por la empresa”.

Similar postura manifestaron en la Compañía Minera San Gerónimo, de Coquimbo, puesto que el gerente general, Patricio Rendic, graficó que desde el año pasado que vienen ajustándose “el cinturón”. Puntualizó que “aunque seamos una compañía considerada mediana, respecto a sueldos debimos ponernos a tono con las grandes mineras para retener a la mano de obra. Sobretodo en la época del boom”.

En esa perspectiva, el ejecutivo precisó que “cuando sube el precio del cobre también lo hacen el resto de los insumos, tales como el acero y otros, aunque no de manera simultánea. Cuando se está en alza, todos los actores del mercados quieren maximizar su producción, por lo que, generalmente, aumentan los costos”.

En tanto, el gerente general de la Compañía Explotadora de Minas San Andrés Limitada (de Copiapó), Mauricio Meyer, coincidió el “alto costo de mano de obra, dado que se nos hace difícil competir con las remuneraciones que se pagan en gran minería. Especialmente en nuestro caso, que hacemos minería subterránea y cada vez estamos con nuestras minas con mayor profundidad y menor ley, generando un aumento de flete por la mayor distancia que debemos recorrer”.

Precisó que “hemos llegado a muy buenos acuerdos con nuestros contratistas, pues han entendido que nos encontramos en una situación muy difícil y han entendido que cuando hay vacas gordas todos ganamos y cuando hay vacas flacas, todos debemos apretarnos”.

En esa línea, el presidente de la Asociación Minera de Taltal, de la Región de Antofagasta, Iván Pavletic, explicó que el actual escenario que viven los 70 productores que conforman dicha institución, tras descenso del precio del metal rojo, es que han debido continuar trabajando con las costos que dejó la bonanza del mineral. “Quedamos con los costos muy altos, debido a que estuvo excesivamente alto el precio del cobre. Es lógico que todo el mundo pidió aumento de sueldo o hubo más fletes, y todo subió, y luego bajó el precio del cobre, quedamos con todos los costos altos”, expuso.

Estrategia

Chile

Las empresas miran con interés cambios en el marco legal para las licitaciones, en normativas de transmisión y en leyes que disminuyan la judicialización.

Lunes 23 de Junio de 2014.- En el tercer trimestre de este año, la agenda energética del Gobierno se jugará gran parte de su futuro en el Congreso. Hacia fines de año comenzarán a discutirse las modificaciones legales que sustentan la carta de navegación propuesta por la Presidenta Michelle Bachelet para evitar, entre otras cosas, que las tarifas de la luz se disparen.

Si bien el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ya cuenta con un cronograma para la tramitación de las once iniciativas legales de la agenda, las empresas eléctricas  han manifestado al gobierno sus prioridades y las normas que urge tratar.

Modificaciones al marco legal para las licitaciones de suministro de electricidad para clientes regulados, cambios a los sistemas de transmisión eléctrica y promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos (para disminuir la judicialización), son vistas como las áreas donde la industria podría sacar más brillo.

Para las empresas el tema de las licitaciones es prioritario: lograr mayor certeza para invertir a largo plazo es la clave para que estos procesos de compra terminen de manera exitosa.

“Si no se trabaja en mejorar esa certidumbre es inevitable que eso se traducirá en los precios que se pedirán. Acá la agenda quiere bajar en un 20% la tarifa, por eso es fundamental que se trabaje legislativamente sobre ese punto”, dice René Muga, vicepresidente de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile.

Otro elemento que las empresas miran con buenos ojos sería alargar el período de 3 años de anticipación al inicio de suministro para presentar ofertas, de modo de dar más  tiempo para que se puedan desarrollar nuevos proyectos de generación.

“Creo que es importante que se piense rápido en este tipo de proyectos para que desde los procesos posteriores a 2017 exista un efecto en las licitaciones”, expresa Muga.

Otra visión pasa por generar equilibrio en los incentivos para reducir las barreras de entrada a nuevos actores, sin discriminación entre fuentes de generación convencional o renovable, pero introduciendo garantías eficaces para asegurar la ejecución de los proyectos y el suministro a partir de la fecha comprometida, aún cuando no se hubiere terminado la construcción de las centrales de respaldo de ese suministro.

“Para ello es clave innovar en mecanismos que hagan ‘bancables’ los proyectos, despejar incertidumbres regulatorias en cuanto al suministro a clientes sin contrato y desarrollar mecanismos de estabilización de precios para reducir la exposición al costo marginal de los generadores que contraten con los distribuidores”, recomienda Eduardo Escalona, abogado experto del estudio Philippi.

Desde la óptica de la transmisión, las empresas también esperan una rápida tramitación de las modificaciones al marco legal de los sistemas de transmisión eléctrica, lo cual está previsto para el segundo trimestre de 2015.

Uno de los puntos relevantes que se proyectan dentro de la revisión del marco regulatorio es la planificación a largo plazo, que permita el diseño de los sistemas con holguras y líneas transversales para facilitar el desarrollo de polos de generación.

“El fortalecimiento de la transmisión es una de las grandes prioridades, esto podría implicar una reforma a la ley corta II”, comenta el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Rodrigo Castillo.

Otro elemento en que las empresas esperan cambios rápidos pasaría por la tarificación. Según el socio de Synex, Sebastián Bernstein, un elemento que podría evaluarse sería la simplificación del régimen de tarificación de la subtransmisión y precisión sobre el régimen de expansión de dichos sistemas cuando se conecten cargas y generadores nuevos.

El tercer aspecto legal que las empresas esperan priorizar en el Congreso es el relacionado a la certeza territorial, ligado a incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos.

“Si se trata de certeza para el desarrollo de los proyectos, que se legisle sobre aspectos territoriales es fundamental. De esta manera se puede lograr una mejor sintonía con las comunidades, lo cual permitiría que los proyectos se concreten”, puntualiza Rodrigo Castillo.

Pulso

Chile

En lo que va de junio, el valor de la energía se sitúa en US$ 143,5 el MW/h.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Los frentes de mal tiempo que han afectado a la zona centro-sur del país en las últimas semanas están teniendo positivos efectos en los costos de la energía en el principal sistema del país: el SIC. Según datos del CDEC-SIC, organismo que coordina la operación de las eléctricas, en lo que va de junio, el costo marginal anota una caída de 40%, ubicándose en US$ 143,5 por megawatt/hora (MW/h), frente a los US$ 242,7 por MW/h que anotó como promedio en el mismo lapso de 2013.

Si bien las lluvias han sido abundantes en la zona centro-sur, el efecto de ellas sólo se ha acentuado en la última semana, donde los costos han bajado de US$ 200 por MW/h a US$ 87 por MW/h el 19 de junio, última fecha con datos disponibles. Esto se debe al ascenso en la generación hidroeléctrica, que hoy representa el 43% de la energía generada en el SIC. En junio del 2013, y en plena sequía, este tipo de generación sólo aportó el 31% del total.

Fuentes señalan que la baja de los costos se vincula con el mayor aporte de las centrales de embalse y pasada del sistema, que según cifras de la Asociación de Generadoras, tienen en conjunto una capacidad instalada de 6.312 MW en el SIC -un 43% del total-. A esto se suma la estabilización que ha registrado la demanda, luego del peak de la semana pasada en la Región Metropolitana, la zona de mayor consumo del sistema. El pasado 12 de junio, Santiago registró la demanda máxima histórica de potencia, con 2.936 MW, un crecimiento de 9,8% por sobre el registro del 5 de julio de 2013. Según explicó la distribuidora Chilectra, el incremento tuvo relación con el mayor uso de equipos para calefacción.

En los últimos 10 días, las principales centrales de embalse han operado continuamente, y los mayores aportes los han realizado las unidades de Canutillar, Pehuenche, Pangue, Ralco y Colbún, las que han permitido desplazar el uso de centrales en base a diésel -las más caras del sistema-, pese a las restricciones que afectan a la central a carbón Bocamina II, paralizada desde mediados de diciembre del año pasado por orden judicial, y que ha dejado al sistema sin el aporte de 350 MW.

En el caso de los embalses utilizados para generación, las lluvias han permitido su recuperación, aunque éstos se encuentran lejos de sus niveles históricos. A la fecha, los niveles de agua acumulada en Rapel, Colbún, Laja y Ralco se encuentran por sobre los de 2013 en el mismo período, mientras que lago Chapo y laguna La Invernada siguen bajo esos niveles.

LTOL

Chile

El objetivo es materializar la promesa de la Presidenta: "reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público". Diputados oficialistas abogan por una reforma a la Constitución que apunte a su nacionalización.

Lunes 23 de Junio de 2014.- El Ministerio de Obras Públicas fijó un nuevo plazo para avanzar en el cambio a la normativa que rige el derecho y uso del agua en Chile.

A principios de agosto se darán a conocer los alcances del nuevo Código de Aguas que forma parte de la reforma planteada por la Presidenta Michelle Bachelet en la materia y que podría incluir también una modificación a la Constitución.

“Es el compromiso que tomó el Ejecutivo con la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y el cronograma de trabajo es para eso”, afirmó el diputado Daniel Núñez (PC).

En función de este itinerario es que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), sostuvo una reunión hace exactamente una semana con los parlamentarios de la instancia, donde acordó que sostendrían una serie de encuentros para abordar las reformas que se envíen después.

El debate tiene tres niveles: una modificación al Código de Aguas, una posible reforma constitucional y una nueva institucionalidad, que va desde la reestructuración de la Dirección General de Aguas, hasta posturas que plantean la creación de una subsecretaría o un ministerio encargado del frente.

Ya en su cuenta pública Michelle Bachelet hizo un diagnóstico y compromiso ante el tema. “La sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse”, sostuvo, y apuntó a “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”.

Es en la comisión de la Cámara Baja donde se tramita un proyecto que modifica esta normativa. La iniciativa apunta a establecer funciones y prioridades de uso de las aguas que el Estado debe garantizar.

“Hemos conversado con el Ejecutivo después del discurso del 21 de mayo para que se haga una refundición de este proyecto, entendiendo que el gobierno está preparando también una propuesta”, afirmó el presidente de la comisión de Recursos Hídricos, Luis Lemus (PS).

Según el diputado, “a través de algunas indicaciones sustitutivas se pretende presentar algo mucho más robusto en la modificación del Código de Aguas”.

El diputado Núñez sostuvo por su parte, que “hay que establecer como prioridad el consumo humano, el uso a pequeña escala en la agricultura familiar y después para otras actividades, ya sea industriales o mineras”.

El agua en la Constitución. Pero la discusión no llega hasta aquí. Según la diputada miembro de la comisión, Cristina Girardi, actualmente “con la Constitución de Pinochet los derechos de aprovechamiento mientras necesitas el uso del agua pasan a ser propiedad privada y hoy se transan en el mercado, siendo que según el Código de Aguas el recurso es un bien nacional”.

Por esto propone derogar el artículo de la Constitución que establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, además de establecer el agua como un “derecho humano”.

Frente a esto, el jefe de la bancada DC, Matías Walker, si bien comparte que debe consagrarse en la Constitución lo que ya establece el código, no comparte “caducar derechos”, pues “sería expropiatorio”. Walker plantea que hay que “regular el uso del agua en situaciones de escasez”.

Si bien el titular del MOP ya ha expresado en público que es partidario de reformar la Constitución para consagrar al recurso hídrico como bien nacional de uso público, esta materia requeriría también el trabajo de las comisiones de Constitución del Congreso, las que ya están atareadas con otras reformas.

Por eso, desde el oficialismo se apunta en dos direcciones: una reforma constitucional que incorpore esta modificación o que sea un eje de los contenidos que se discutan a la hora de abordar la nueva Constitución, agenda ya postergada para 2015 por el Ejecutivo.

En el Congreso ya existe un proyecto enviado por la Presidenta Bachelet en su anterior período que apunta a la reforma constitucional. “Le he pedido al ministro Undurraga perseverar en esa reforma”, afirmó el jefe de bancada DC Matías Walker, quien también es partidario de crear un Ministerio de Recursos Hídricos.

Pulso

Chile

Máximo tribunal ya ha desestimado dos nóminas de postulantes presentados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Lunes 23 de Junio de 2014.- De acuerdo al diseño original, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, debería estar cumpliendo un año de funcionamiento.  El nuevo tribunal tendrá jurisdicción desde la Región de Coquimbo al norte, por lo que entre otras causas deberá resolver conflictos ambientales tan importantes como los de la gran minería. Sin embargo, aún no se vislumbra cuándo entrará en funciones, pues la Corte Suprema se niega a aprobar la lista de postulantes para futuros ministros del tribunal.

La Suprema ya ha rechazado dos veces la nómina confeccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública con los nombres de los postulantes a convertirse en ministros del futuro tribunal. Y aunque recibió una tercera lista en abril, la Suprema sigue considerando que los candidatos no son idóneos. El impasse no es fácil de resolver. Las raíces del problema están en la ley y hay quienes creen que la mejor solución es un cambio a la normativa, ya sea simplificando el proceso de nombramiento de ministros o sencillamente eliminando el tribunal de Antofagasta.

De los tres tribunales ambientales creados por ley, el primero en entrar en funcionamiento fue el de Santiago, en marzo de 2013. Como era el único, le tocó ver la causa por las irregularidades en el proyecto minero Pascua Lama. A raíz de la mayor judicialización de los conflictos ambientales, este es el tipo de temas que deberá resolver el Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que implica millonarios proyectos, que involucran poderosos actores y que son capaces de generar impactos irreparables para el medio ambiente.

El rol del Tribunal de Antofagasta será similar al de su par de Valdivia, que entró en funciones a fines del año pasado, y al que probablemente le tocará resolver sobre HidroAysén si es que la empresa decide recurrir a la justicia (aunque en el mundo legal varios apuestan que buscará una forma de que caiga en Santiago, para evitar que el proceso quede en manos de un tribunal que hasta ahora sólo ha fallado una causa). Por eso, es particularmente importante que los futuros ministros sean altamente calificados.


Compleja nominación

El proyecto de ley que crea los tribunales ambientales fue enviado en octubre de 2009, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet. El mensaje al Congreso indicaba que el modelo estaba basado en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), lo que implicaba que sus integrantes reflejaran una composición mixta de abogados y expertos en ciencias y en economía, quienes funcionarían en una única sede que desde Santiago vería las causas de todo el país. El presidente sería uno de los abogados, designado por el Presidente de la República a partir de una quina enviada por la Corte Suprema, luego de un concurso público. Los otros cuatro integrantes serían expertos en materia ambiental (dos abogados y dos profesionales ligados a la ciencia y la economía), que serían nombrados por el Presidente de una lista seleccionada por el sistema de Alta Dirección Pública.

Si el sistema ya era complejo, durante la tramitación parlamentaria se volvió aún más complicado. Ya no sería un tribunal, sino tres (Valdivia, Santiago y Antofagasta). Cada uno estará integrado por tres ministros (dos abogados y un profesional ligado a las ciencias), junto a dos ministros suplentes. A diferencia del proyecto original, los ministros son designados por el Presidente con acuerdo del Senado, a partir de una quina enviada por la Corte Suprema. Además, ésta los debe elegir de una nómina preseleccionada por el Sistema de Alta Dirección Pública. Por cada ministro, la Suprema recibe entre seis y ocho candidatos, de los cuales a su vez debe seleccionar cinco, luego de citarlos a todos a una audiencia pública. “Ya es descabellado que intervengan los tres poderes del Estado”, apunta un abogado experto en medio ambiente.

Aunque la ley señala que los candidatos deben tener al menos diez años de experiencia profesional y haberse destacado en la materia, también determina que es el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) el que debe decidir “el perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo”. Allegados al máximo tribunal comentan que cuando en 2013 recibieron las nóminas para Valdivia, la mitad de los ministros estuvieron por devolver los antecedentes a la Alta Dirección Pública por considerar que los candidatos no eran los suficientemente buenos, pero finalmente ganó la opción de aprobar la quina.

Con Antofagasta fueron más duros y dos veces rechazaron las nóminas de candidatos enviados por la Alta Dirección Pública. Según se lee en una de las resoluciones de la Corte Suprema, aprobaron un perfil de candidatos enviado por el CDAP que incluía el tener estudios de postgrado en materias ligadas al cargo y al menos dos publicaciones sobre temas ambientales. Sin embargo, la gran mayoría de los postulantes no cumplía con alguno de estos requisitos, por lo que no hubo candidatos suficientes para llenar las quinas.


Roces con la Suprema

El diseño original del proyecto buscaba integrar de alguna forma a la Corte Suprema a la elección de los candidatos para evitar roces ante la creación del nuevo tribunal, pero el tema de las designaciones fue complejo desde un inicio. En un oficio enviado al Senado en septiembre de 2010, el entonces presidente de la corte, Milton Juica, sostenía que el nuevo organismo no cumplía con los requisitos mínimos para ser llamado tribunal. Cuestionaban también la denominación y salarios de sus integrantes:

-A los miembros de los tribunales que se pretende crear el proyecto los denomina “Ministros”, en circunstancias que esta designación se reserva en general en la ley para los miembros de los tribunales superiores, naturaleza que no comparten los tribunales ambientales (…). Se les asigna como remuneración una que, en el evento que la que se proponga para el Superintendente del Medio Ambiente sea similar a la de los titulares de otras Superintendencias, será superior a la de un Ministro de Corte de Apelaciones, esto es, a la de un miembro del tribunal superior que está llamado a revisar la cuestión decidida por el Tribunal Ambiental del que ese “Ministro” forma parte, cuestión que esta Corte estima improcedente -escribía Juica.

Además, en dos oportunidades la Suprema cuestionó la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el que durante la tramitación legislativa aumentó su rol en el proceso de elección de los ministros: “Atendido el tenor y naturaleza de la modificación que se propone, la Corte Suprema estima pertinente, en esta oportunidad, plantear derechamente una objeción de constitucionalidad al proyecto”, escribió el 12 de enero de 2012 el entonces presidente de la corte, Rubén Ballesteros, al Senado.

Los jueces consideraban que su rol había disminuido, pues la nómina de seis a ocho candidatos la conforma el CDAP, que es un organismo designado por el Presidente de la República. De esa lista, la corte escoge cinco nombres y luego el jefe de Estado eligea uno, el que debe ser ratificado por los senadores. En este esquema, los ministros de la Corte Suprema estiman que prácticamente todo el poder de la decisión queda en manos del Ejecutivo. El paso por el máximo tribunal, que reduce la nómina a cinco candidatos, es finalmente una decisión poco relevante.

“En definitiva, el proyecto en análisis en último término prácticamente priva al Poder Judicial de la potestad de proponer a las personas que integrarán tribunales de justicia, prerrogativa que es en esencia constitucional y que constituye sin duda una de las bases de la separación de los poderes de! Estado, razón por la cual no es posible otorgarle a esos órganos tal calidad”, se quejaba Ballesteros.


Sergio Muñoz

Pese a la molestia de la Corte Suprema, el proyecto se aprobó. Las designaciones para los tribunales de Santiago y Valdivia se llevaron a cabo con inconvenientes menores. Pero al llegar a Antofagasta, la corte hizo valer su voz rechazando dos veces a los candidatos. Pese a que reportes de prensa hablan de que el Consejo de Alta Dirección Pública recibió más de 300 currículos para la primera convocatoria, quienes han visto los antecedentes de los candidatos dicen que efectivamente no hay suficientes nombres que estén a la altura del desafío del cargo.

La última nómina fue enviada a la Corte Suprema en abril pasado.  “Aún no hay postulantes suficientes para llenar los cargos”, señalan en tribunales. Según fuentes cercanas a la corte, los ministros tienen claro que no aprobarán la nómina, pero no la han rechazado formalmente para evitar que el proceso fracase por tercera vez.

En el Consejo de Alta Dirección Pública confirman que se encuentran tratando de solucionar el impasse en conjunto con la Corte Suprema. Destacan que desde que el ministro Sergio Muñoz asumió la presidencia en marzo se nota una mayor disposición al diálogo. El actual presidente del CADP, Rodrigo Egaña, se reunión con él cuando asumió y hay optimismo en que su perfil más político permita articular un acuerdo, pero aún parece estar lejos de salir humo blanco.

“La Corte Suprema entiende que hay un tema de competencia respecto al perfil de los candidatos”, explican en el organismo. Mientras la corte interpreta que los postgrados y publicaciones son requisitos mínimos, el consejo estima que son “atributos deseables”. Y luego de dos rechazos, cada vez hay menos candidatos que cumplan con esos atributos y se hace más difícil conseguir a al menos seis personas por cada uno de los cargos (tres ministros y dos suplentes, es decir 30 candidatos). Eso sin contar que cada uno de los procesos de selección cuesta en promedio $14 millones, es decir ya se han gastado alrededor de $42 millones sin que se elija a ningún postulante.

Por eso, y más allá de los problemas de procedimiento, existe preocupación en el mundo legal de que se esté creando un tribunal que tendrá una función clave para el medio ambiente y para el futuro de algunas de las inversiones más millonarias, y que podría estar a cargo de personas que no están lo suficientemente calificadas.

Ciperchile.cl/

Chile

Lunes 23 de Junio de 2014.- La Embajada Suiza, la Cámara Chilena – Suiza, Fundación Chile y Ernst Basler + Partner Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades organizaron un encuentro para dar a conocer a los alcaldes y equipos técnicos de las municipalidades el funcionamiento de la herramienta de certificación de ciudades energéticas y su operatividad en Suiza.

En la ocasión, se dio a conocer a los alcaldes y equipos técnicos de las municipalidades el funcionamiento de la herramienta de certificación de ciudades energéticas,  su operatividad en Suiza y las perspectivas y ventajas  para su implementación en el país.

En esta línea, expertos suizos dieron a conocer  “Energiestadt”, certificación de ciudades energéticas, herramienta que lleva 25 años en operación, con más 350 comunas certificadas y otras 300 en proceso de acreditación. Por su éxito, otros han decidido adaptar esta herramienta a su realidad, existiendo actualmente 21 países de la Comunidad Europea y Asia que han implementado exitosamente la herramienta.

“Los beneficios de “Energiestadt” y de los conceptos energéticos locales son múltiples; permite medir la sustentabilidad energética y hacer benchmarking entre comunas, disminuir los costos energéticos en la operación a mediano y largo plazo y puede ser utilizada como un instrumento de monitoreo y evaluación en la comunidad. Sin embargo, su principal ventaja es el modelo proactivo e inclusivo que promueve, el que permitiría sacar a las comunidades de su estado de oposición permanente y los haría sentirse parte de una política energética descentralizada y participativa”, señaló Andreas Meyer, Novaenergie AG y experto en la certificación de ciudades energéticas.

Situación en Chile
La experiencia ha demostrado que el rol de los municipios es fundamental para la diversificación de la matriz energética, incorporando los ERNC y los temas de la eficiencia energética a nivel local.

La idea es poder replicar la experiencia de Ciudades Energéticas en Chile a pesar de las diferencias que existen con otros países y de la heterogeneidad de las municipalidades. En este sentido el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde de Maipú, Christian Vittori se refirió al encuentro señalando que “para los municipios el tema de la energía es clave para el desarrollo local. Nosotros somos los principales impulsores en nuestras comunas de energías limpias, baratas y sustentables y esperamos que este encuentro permita que los alcaldes profundicen el compromiso de tener comunas con energías limpias”. 

Munitel.cl

Argentina

Según el reporte dado a conocer en Londres el pasado miércoles, los yacimientos de la provincia de Neuquén tienen el "mayor potencial de recursos no convencionales" comparado con "cualquier país fuera de América del Norte".

Lunes 23 de Junio de 2014.- La Argentina es el país mejor posicionado fuera de norteamérica para el desarrollo de recursos de petróleo y gas no convencional, de acuerdo a un informe difundido por la consultora internacional Accenture.

Según el reporte dado a conocer en Londres el pasado miércoles, los yacimientos de la provincia de Neuquén tienen el "mayor potencial de recursos no convencionales" comparado con "cualquier país fuera de América del Norte".

El informe "Desarrollo internacional de recursos no convencionales: cómo, dónde y cuán rápido" analiza yacimientos en la Argentina, Australia, China, México, Polonia, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica y el Reino Unido.

El trabajo analiza esos yacimientos teniendo en cuenta ocho "factores críticos" requeridos par el desarrollo de recursos no convencionales y analiza sus perspectivas en términos de inversiones. Melissa Stark, directora gerente global de Nuevas Energías de Accenture indicó que "antes de invertir en shale oil y gas, los desarrolladores necesitan considerar ocho áreas clave".

"Estas incluyen no sólo el tamaño de los recursos potenciales y del régimen fiscal, pero también de la geología del yacimiento, en particular la disponibilidad de datos, calidad de la roca y requerimientos de la roca local para adaptarse a la tecnología", señaló.

Para Accenture, también es importante "considerar el acceso a la tierra y operatividad, incluyendo densidad poblacional, disponibilidad de agua e infraestructura vial y ferroviaria existente, al igual que la visión que sobre el tema tienen Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)".

De manera adicional, los potenciales inversores deberían considerar la "presencia de servicios para la explotación de recursos no convencionales, la existencia de redes de distribución y comrecialización del producto,  competencia por parte de otras fuentes de energía y, finalmente, que haya una fuerza de trabajo capacitada".

Stark señaló que "incluso en los yacimientos más favorables, el desarrollo está a entre cinco y diez años de distancia".  Según el reporte, hasta el momento, la mayor cantidad de pozos de exploración y ensayo -unos doscientos- han sido realizados en la Argentina y China.

El informe señaló que aunque la Argentina muestra un "ambiente desafiente para la inversión extranjera, su gobierno ha comenzado a ofrecer atractivos incentivos demostrando un compromiso con el desarrollo de sus recursos no convencionales". "El conocido yacimiento de Neuquén tiene producción significativa producción de petróleo y gas, infraestructura incluyendo caminos, gasoductos y líneas de ferrocarril, así como una fuerza de trabajo experimentada", señaló, en referencia a la zona de Vaca Muerta, en la provincia patagónica.

Para Accenture, Neuquén será "el más atractivo proyecto para desarrollo" de la explotación de "shale" gas y petróleo y "su régimen fiscal será el factor más importante para impulsar" la explotación del recurso.

En comparación, el informe indicó, por ejemplo, que el mayor desafío para China es el acceso al terreno y la operabilidad, a partir de la escasez de terreno y agua, así como la alta densidad poblacional.

Para Stark, "los ocho factores tienen que estar en su lugar para permitir un exitoso desarrollo en cada lugar y los reguladores tienen que impulsarlos en conjunto, no solamente la cuestión de los regímenes fiscales".

Accenture es una consultora global, con unos 289 mil empleados en 120 países.

Hidrocarburosbolivia.com

Paraguay

El traslado de la fábrica estatal Dioxitek ha provocado reacciones en ese país. ¿Una Botnia al revés?

Lunes 23 de Junio de 2014.- Cinco años de lucha, cortes de rutas y puentes, empapelar una ciudad bajo la consigna “Fuera Botnia” parecerían estar dándose al revés. Ahora, es Argentina la que promueve una medida que el país vecino considera contaminante: la posible mudanza de una planta de producción de dióxido de uranio –que sirve de combustible para las plantas nucleares del país–, de Córdoba –donde funciona hoy– a Formosa, cerca del límite con Paraguay.

Esta situación se viene agravando desde hace tiempo. En febrero de este año, tanto autoridades del Gobierno y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como dirigentes de la empresa comunicaron que la planta Dioxitek, una sociedad anónima del Estado, con 99% de sus acciones en manos de CNEA y 1% del gobierno de la provincia de Mendoza, que se hizo cargo de la fábrica, podría radicarse en la provincia de Gildo Insfrán. PERFIL publicó en la edición del 23 de marzo pasado que se estaba “a las puertas de un nuevo conflicto con un país vecino”. Los meses pasaron y hubo nuevos episodios: un viaje de senadores paraguayos a la provincia de Córdoba para conocer la planta, aunque no pudieron ingresar; marchas en contra y audiencias públicas en el Congreso paraguayo y en la provincia de Formosa sobre el tema.

Este diario pudo acceder a la versión taquigráfica de cuando el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, visitó el Senado de la Nación el 7 de mayo pasado y determinó que “el eventual terreno donde se instalará la empresa Dioxitek SA será en el Parque Tecnológico de Formosa” y brindó las coordenadas del lugar: la planta estaría emplazada a pocos metros del riacho Formosa, que desemboca en el Río Paraguay. Esto es, a metros de la ruta 81, entre los Km 1.184 a 1.189, en dirección oeste, a tan sólo 16 Km del centro de Formosa, cien del límite con Paraguay y 170 Km de Asunción. PERFIL fue al lugar y constató que hay gente trabajando la zona.

Hasta el día de hoy, diversos senadores y diputados argentinos como paraguayos, organizaciones vecinas y ambientales, como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reclaman “acceder a la información pública completa de este proyecto vinculado al plan nuclear y de querer recibir, por parte del Estado, un estudio completo de impacto ambiental”.

Los senadores paraguayos que encabezan este reclamo son de diversos partidos políticos. PERFIL habló con varios de ellos, quienes se quejaron de la falta de información, a pesar de una visita especial que en el interín realizó el 23 de abril pasado, el canciller Héctor Timerman. “El tema es que la vía interparlamentaria fue mucho más eficiente que la comunicación vía gubernamental a través de Cancillería, que ha tenido una actitud cómplice al tratar de ocultar datos de relevancia como los daños ambientales producidos en Córdoba por Dioxitek”, expusieron a PERFIL Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico y presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna); y Arnoldo Wiens, del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Energía y Medio Ambiente de ese país.

Ambos explicaron que se unieron por el rechazo de la construcción de Dioxitek y el reactor Carem 150 en la provincia de Formosa. “La actitud cómplice del embajador paraguayo ante Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, quien afirmó que la planta no causaba daño ambiental, quedó al descubierto con la presentación de documentos sobre los residuos radiactivos de baja intensidad que han producido en Córdoba. El Congreso Nacional expresó su rechazo al proyecto Nuclear de Formosa”, agregaron los senadores.

Por su parte, Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista, manifestó que en Paraguay no hay plantas nucleares: “Nosotros presentamos un proyecto de ley que prohíbe el uso de energía nuclear en el territorio paraguayo. No queremos la instalación de plantas de este tipo de energía. Apoyamos la generación de otro tipo de energía limpia: solar, hidroeléctrica, eólica”.

Según Giuzzio, el problema es que “la información que estamos recibiendo es muy vaga. En ningún momento se consultó al gobierno paraguayo sobre este tipo de instalación. Lo que sospechamos es que se quiere instalar cerca de Paraguay porque aquí hay uranio”.

El gran peligro. Grupos ambientalistas y especialistas afirman que Dioxitek dejó sesenta mil toneladas de residuos de uranio, que descargó en una zona conocida como “el chichón” en Alta Córdoba, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, donde está la planta. “Esos materiales radiactivos más que tratados fueron aislados, pues la radiactividad de un material radiactivo no puede ser modificada”, revela el ambientalista Raúl Montenegro, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba.

PERFIL habló con Javier Giordano, delegado de ATE y empleado de Dioxitek, quien confirmó que la planta continúa aún en funcionamiento, pero cuenta con los niveles de contaminación aceptados por la CNEA. Además, “el chichón de Dioxitek en Córdoba carece de membrana y sus residuos radiactivos contaminan aire, suelo, agua y otros organismos vivos”, dice Montenegro. “La misma CNEA lo reconoce en sus estadísticas. La planta de Córdoba ha venido descargando, cada año, varios kilos de aerosoles de uranio al aire del barrio y centenares de kilos de uranio a la colectora cloacal”.

Hace diez días, Montenegro y un grupo de senadores paraguayos quisieron entrar a la planta, pero no pudieron. Giordano le dijo a PERFIL que fue “porque no cumplieron con las medidas protocolares estipuladas”. El empleado aclaró no estar al tanto de la veracidad del traslado, ni de los plazos ya que “es una medida que analizan los altos mandos”.

En los barrios afectados, nunca se hicieron estudios epidemiológicos. Existen mediciones independientes y alertas de la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre la presencia del gas radiactivo Radón 222 y altos niveles de contaminación en aire y suelo.

El senador Luis Juez manifestó en una audiencia pública en su provincia: “En Córdoba nos cansamos de enterrar vecinos con tipos de cáncer inexplicables, culpa de una fábrica que nunca eligieron tener aquí”. Según la presidenta de la CNEA, Norma Luisa Boero, los temores surgen desde “sectores políticos” y son “infundados”, porque parten de la “falta de conocimiento”. Por su parte, en 2005 se gestionó el financiamiento internacional mediante un préstamo del BID por un monto total de US$ 30 millones, los cuales servirían para financiar las tareas de remediación ambiental de estos sitios conocidos como el “chichón”.  Según le explicó a PERFIL Norma Morandini, senadora nacional por Córdoba, “este préstamo tenía un plazo de cinco años a contar desde el inicio de la ejecución del mismo, en abril de 2010.  En marzo de este año, Capitanich informó que a cuatro años de vida del proyecto, sólo se ejecutó el 28% de las metas y que de los sitios emplazados en Córdoba continúan en estudio sobre cuál sería la mejor medida de remediación”


La historia de una fábrica que ninguna provincia quiere alojar

En 1982 comenzó a funcionar una fábrica de dióxido de uranio en Alta Córdoba. En 1985, la Municipalidad sancionó una ordenanza que prohibió ese tipo de industrias en la zona. Entonces empezó a buscarse un destino para el traslado. Más de diez años después, en 1996, se creó Dioxitek. Varias ciudades integraron el listado de posibles destinos (Mendoza, La Rioja, Río Tercero, Embalse). La planta sufrió también varias clausuras. “Si es tan beneficiosa, ¿por qué la rechazaron en todos los municipios del país? ¿Por qué la rechazó hasta Mendoza, que también tiene un porcentaje del paquete accionario de la propia firma? Yo entiendo las relaciones políticas, pero tampoco se puede entregar en bandeja a un pueblo por negocios que supuestamente pueden beneficiar a unos pocos, y comprometer todo el bienestar de una provincia entera”, se pregunta el senador nacional formoseño Luis Petcoff Naidenoff, organizador de varias audiencias.

En noviembre de 2012, se firmó un acuerdo entre Dioxitek, la Municipalidad y la CNEA para relocalizar la planta en un plazo no mayor a 18 meses. Ese mismo año, la ciudad clausuró la empresa, hasta que la firma se comprometió a trasladar la planta fuera del municipio y la CNEA a remediar el basural de 57 mil toneladas de colas de mineral de uranio.

A pesar del tiempo y la ordenanza que lo prohíbe, la planta continúa en funcionamiento en Córdoba. Este medio realizó reiterados pedidos de entrevistas a la CNEA y al presidente de Dioxitek, Gustavo Navarro, pero no obtuvo respuestas y no pudo constatar los plazos que se estiman para el traslado.

Tiemposur.com.ar

Argentina

Lunes 23 de Junio de 2014.- «Lo ideal es que el conjunto de la ciudadanía chubutense se exprese», afirmó ayer el intendente de Esquel, Rafael Williams, avalando la realización de un plebiscito provincial referido a la posibilidad de aprobar la explotación minera en Chubut.

«Creo que la definición tiene que tomarse en ese marco», dijo el Intendente y presidente del PJ, y apuntó que «hay un proyecto en la Legislatura que presentara el diputado Oscar Petersen de Puerto Madryn, que ingresó por el Frente Para la Victoria, perteneciente al Polo Social.

Sería uno de los mecanismos para dirimir esta cuestión que cada comunidad, que cada sector de la sociedad chubutense, que cada zona o cada comarca defina que es lo que quiere hacer».

Sin sectarismos subrayó que «Esquel ya lo definió y en ese marco debería permitirse que el resto de la provincia pueda definir que es lo que quiere la gente». Si bien consideró que «el aval social debería definirse a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología, cuando hay una circunstancia así lo ideal es que el conjunto de la ciudadanía chubutense se exprese».

Elchubut.com.ar

Bolivia

Lunes 23 de Junio de 2014.- La producción de minerales en el departamento de Oruro bajó en un 30 por ciento, aseguró el secretario de Minería y Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), Johnny Motiño.

"Se tiene que decir que la producción ha ido bajando en un 30 por ciento, porque no nos olvidemos que son recursos no renovables que seguramente a diario se van terminado", dijo.

Explicó que la producción se mantiene en un 70 por ciento de ganancias, pero se espera mejorar la producción, además se tiene que tomar en cuenta que acompaña la cotización de los minerales.

Indicó que si la cotización del estaño acompaña, la Secretaría de Minería y Metalurgia está encarando el proyecto de prospección y exploración en el sector de Culta.

"Nosotros esperamos y somos muy optimistas de encontrar yacimientos para encarar la baja de la producción en el departamento, con este proyecto mejoraremos la producción", aseguró.

Manifestó que el trabajo se realiza con el Servicio de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), que permitirá ejecutar trabajos de prospección y exploración en las comunidades Culta y Condo C.

"Estamos seguros que los trabajos de prospección y exploración en este sector ayudarán a mejorar la producción de minerales, esperemos contar con nuevos yacimientos mineralógicos en diferentes municipios del departamento de Oruro", sostuvo la autoridad.

"Nosotros como secretaría ya tenemos un proyecto para hacer la exploración y la prospección en el sector de Culta, que se encuentra en el municipio de Challapata y en la población de Condo C en Huari, y una vez que tengamos toda la documentación vamos a empezar a trabajar para tener nuevos yacimientos mineralógicos en nuestro departamento", destacó.

Asimismo, indicó que luego de la aprobación de la carpeta se analizará la inversión y todos los detalles para su ejecución.

Lapatriaenlinea.com

Chile

La segunda fase, que corresponde al sistema permanente de manejo de aguas, está en etapa de ingeniería. Y dos de las obras que tendrían que construir requerirían pasar por el SEIA.

Lunes 23 de Junio de 2014.- ?Al menos hasta mediados de 2015 se aplazaría el momento en que Barrick podría superar los incumplimientos ambientales y recibir el vamos de la autoridad para reactivar Pascua-Lama. Esto solamente desde el punto de vista medioambiental, ya que se estima que no antes de doce meses podrían finalizar las obras comprometidas con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), como parte del proceso de sanción iniciado por el organismo en 2013.

Pese a que en octubre pasado la empresa ejecutó las medidas transitorias comprometidas para evitar nuevos incidentes asociados a la ausencia del sistema de manejo de aguas, aún resta que construya la segunda fase, que corresponde a la infraestructura definitiva. Este grupo de obras aún estarían en etapa de ingeniería, por lo que, según cercanos a la empresa, no existe claridad de qué y cómo se ejecutará dicho sistema.

Sin embargo, conocedores del proceso explican que a estas alturas en lo que sí habría cierta claridad es que al menos dos de las 20 obras contempladas en la fases I y II, requerirían pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ingreso que podría concretarse entre julio y agosto. En un escenario optimista, dicen las fuentes, este trámite implicaría agregar seis meses al plan inicial que estimaba completar el sistema de manejo hídrico a fines de 2014.

Al momento de la paralización, en mayo de 2013, se calculaba que a la construcción de Pascua le restaban unos 18 meses, mientras que a la parte argentina, Lama, entre 12 y 14 meses.

?El nuevo socio?

Sin embargo, la decisión sobre continuar con el proyecto depende también de otros factores. Uno de ellos es contener los costos del proyecto, que antes de la detención habían escalado hasta los USD 8.500 millones, aunque en la industria comentan que cuando Barrick suspendió totalmente la construcción, a fines de octubre, internamente se hablaba de ?USD 10.000 millones.

En este escenario, cuando además la minera canadiense no pasa por un buen momento financiero, la figura de un socio que ayude a solventar la inversión sería imprescindible, aún más cuando esta misma coyuntura ambiental, podría dificultar el obtener recursos vía endeudamiento.

Cercanos a la firma explican que tras varios meses de negociación casi paralela con dos inversionistas chinos Barrick no logró cerrar un acuerdo con ninguna.

?Los otros frentes?

En paralelo, la empresa ha avanzado en otros frentes. El Presidente del sindicato de trabajadores, Alexis Spencer, destaca por ejemplo el trabajo silencioso y efectivo que la administración de Pascua-Lama está haciendo con las comunidades indígenas de la zona. 

Obviamente existe preocupación porque la reactivación del proyecto tendría efecto sobre el empleo. Según estima el dirigente, de los mil trabajadores directos que había en el lado chileno, quedan poco más de 200. Tras la cordillera aún habría unas 3.000 personas contratadas, de las cuales, unas 1.200 seguirían subiendo a la faena, aunque hacia septiembre este número caería a 500, de acuerdo a lo negociado por la firma con las autoridades locales.

Finalmente, desde la autoridad ambiental de Atacama informaron que el proceso de revisión del permiso ambiental que dicha autoridad está realizando desde inicios de este año estaría a mitad de camino.

Las dos etapas comprometidas

La etapa más urgente fue establecer un sistema de manejo de aguas destinado a evitar un posible contacto del agua producto de los deshielos con el material estéril de la mina, para lo cual se instaló un sistema de tuberías para conducir el recurso mientras se construyen las definitivas. También se incluyeron otras obras para controlar sedimentos. Estas se realizaron durante el año pasado y quedaron terminadas en octubre.

La segunda fase es un complemento de las obras anteriores, por ejemplo en el canal perimetral norte, que incluso -según se informó a la SMA en junio del año pasado- incluyó una actualización del flujo de diseño. Además de complementos para los pozos de bombeo y de contingencias, a los que les faltaban aspectos como un sistema de bombeo. También obras para el seguimiento de variables ambientales.

DF

Internacional

La nueva entidad estará formada por una agencia Rusa, una China y una compañía estadounidense, y el objetivo es poder disputar la hegemonía que tienen hoy las tres principales agencias calificadoras.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Rusia y China están lanzando su propia agencia internacional de ráting, con la que competirán en los mercados con las agencias tradicionales como Standard & Pooor’s, Moody’s y Fitch, todas ellas con base en Estados Unidos. La nueva agencia de calificación crediticia se llama Universal Credit Rating Group (UCRG) y está formada por la unión de tres agencias de ráting: Dagong, de origen chino, Rusal, de origen ruso y la estadounidense Egan-Jones.

El objetivo de esta unión es acabar con lo que consideran un monopolio de las tres agencias calificadoras norteamericanas. Piensan que éstas sólo sirven a los intereses particulares de Estados Unidos y que, por tanto, su actuación no es imparcial. En este sentido, China es acreedora neta de Estados Unidos y, al igual que da crédito, quiere también dar rátings.

La unión de estas tres agencias emergentes aboga por un sistema financiero multinacional y multipolar mediante la creación de sus propias agencias de ráting, sus propios terminales de información económica -la competencia de Bloomberg o Reuters- y sus propias redes de información.

Este proyecto se está construyendo a toda velocidad con la presencia de personalidades reconocidas en el mundo occidental, especialmente para España y Europa. Es el caso del Presidente del Consejo Asesor de UCRG, cuyo cargo ostenta el ex-primer ministro de Francia Dominique de Villepin. En una entrevista con el director del programa Capital Asia y corresponsal en China, Alberto Lebrón, Villepin ha subrayado que “en este momento continuamos sacando lecciones de la crisis financiera de 2008, la cual fue sobre todo una crisis de crédito en los países deudores como Europa o Estados Unidos [...] Necesitamos, ante todo, un sistema financiero que nos dé estabilidad y el cual tenemos que trabajar todos los días para ganarnos dicha estabilidad”.

Villepin continúa analizando la dependencia de las distintas economías del dólar: “el Consejo que presido propondrá una reforma del sistema internacional. Tener varias monedas como elementos de referencia sería más importante para la estabilidad mundial, no sólo el dólar sino también el euro, el yen o el yuan". En este sentido, UCRG pondrá en marcha un sistema de ráting novedoso y de naturaleza dual: un ráting local y un ráting general para todas y cada una de las empresas.

De esta forma, creen que se apreciará mejor la realidad financiera de cada uno de los sectores, su relación con la economía y la realidad interna de las empresas en su sector.

"Cambiar el poder, dar más poder a los países acreedores” son las claves de la nueva agencia de ráting. Será el contrapeso para un sistema que ha sido muy dañado por las agencias de ráting tradicionales, las cuales según Villepin agravaron la crisis de 2008. Este nuevo cauce es independiente y será una empresa privada frente a una alternativa pública que se planteó en Europa. A juicio de Villepin, un agente público no tiene buenos incentivos para lanzar rátings fiables e independientes.

La nueva vía abierta, con el consejo de personalidades como Villepin o el antiguo ministro de Exteriores ruso Ivanov, romperá antiguos monopolios y aportará “aire fresco” a un mercado extraordinariamente importante para la estabilidad financiera.

Oro y Finanzas

Chile

Expertos de la Universidad de Chile ayudaron para capacitar a los profesionales y técnicos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, con un rol clave en la nueva legislación minera de ese país.

Lunes 23 de Junio de 2014.- En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Minera, expertos del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile compartieron su conocimiento y buenas prácticas en sustentabilidad ambiental, social y económica de la minería, con profesionales y técnicos del Instituto Hondureño de Geología y Minería (Inhgeomin). 

La actividad profundizó en temáticas como: Recursos naturales y sustentabilidad, Minería y Medio Ambiente, Regulaciones ambientales, Sustentabilidad económica en torno a la contribución de la minería al desarrollo económico, local, regional y nacional; encadenamiento; impuestos y royalties;  Sustentabilidad social de la minería, considerando aspectos como consulta y participación comunitaria, responsabilidad social empresarial,  gestión social del cierre de faenas mineras, y evaluación social de proyectos mineros.

La idea era fortalecer la competencia institucional ante los nuevos retos de la recién aprobada Ley General de Minería.  Asimismo, busca promover la investigación en este sector, sistematizar información y procedimientos sobre las funciones que cumple INHGEOMIN, planificar la incorporación de la pequeña minería y la minería artesanal dentro de sus funciones, habilitar la proyección presupuestaria y la planificación estratégica, entre otros objetivos.

?Honduras posee un gran potencial minero y dispone de un abanico de minerales diversificados, entre los que destaca: plomo, zinc, oro, plata, antimonio, mercurio y hierro, además de abundantes reservas de sustancias no metálicas, como calizas, mármoles y yeso. 

Los expertos chilenos Emilio Castillo y Jacques Wiertz señalaron que “esta experiencia de colaboración nos permite compartir habilidades técnicas y estratégicas para enfrentar los desafíos de la nueva Ley de Minería aprobada en Honduras y el desarrollo de una minería centroamericana más saludable y justa, con el entorno y la comunidad”. “Nos sentimos fortalecidos con la capacitación especializada  que han entregado los expertos del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, complementó David Alcántara, Jefe de la Unidad de Ambiente y Seguridad de Inhgeomin.

Además del sector educacional, la Cooperación Chilena también cuenta con proyectos bilaterales y triangulares en Honduras, entre ellos para el manejo de residuos sólidos y en temas de regulación minera, informó la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argentina

El régimen consensuado por las autoridades locales se estructura en cinco puntos, señala el medio electrónico argentino El Inversor On Line.

Lunes 23 de Junio de 2014.- Los gobernadores petroleros presentaron este lunes una contrapropuesta regulatoria para intentar resguardar los intereses de las provincias sobre el negocio hidrocarburífero. El documento, elaborado fundamentalmente por los equipos técnicos de Jorge Sapag (Neuquén), Francisco Pérez (Mendoza) y Martín Buzzi (Chubut), consta de ocho carillas y fue entregado en mano al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

El diario electrónico argentino El Inversor Online señala que tuvo acceso al texto a través del que los mandatarios de la Ofephi -la organización que reúne a los estados productores- propusieron la creación de un “Régimen federal de promoción de inversiones y responsabilidad empresaria para la extracción de gas y petróleo no convencional”. El texto es la respuesta de los gobernador al texto entregado por el propio Zanini a los mandatarios hace 10 días durante una reunión en la Quinta de Olivos con la presidenta Cristina Kirchner. 

El documento se terminó de definir este lunes en una reunión en Buenos Aires de la que participaron ocho mandatarios petroleros (sólo faltaron Eduardo Fellner, de Jujuy, y Daniel Peralta, de Santa Cruz), señala la nota. Ese mismo día -agrega- se lo entregaron a Zanini. El texto, de siete carillas, está acompañado por una nota inicial en la que los representantes provinciales destacan que “la mejor opción es proponer un régimen similar a la Ley de Promoción Industrial”, a fin de incentivar inversiones en “proyectos de hidrocarburos no convencionales, offshore y pesados”, dice.

A su vez, se ratifica “en todos los términos la denominada Ley Corta (Ley 26.197), por la cual asumieron las provincias en forma plena el ejercicio originario y la administración sobre los yacimientos como autoridades concedentes”.

En esa línea, los miembros de la Ofephi llegaron a la conclusión de que en el marco de una política de promoción de inversiones, deberían tratarse un conjunto de temas, como la ampliación de beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles y no sólo a las grandes empresas; el diseño de tributos a fin de promover inversiones; el régimen cambiario, de modo tal de establecer, además de la libre disponibilidad correspondiente, la posibilidad de ampliar la libre disponibilidad de divisas y remesas de las utilidades; y el precio para el cálculo y la percepción de regalías que sean convergentes con las referencias internacionales, entre otros punto.

Cinco puntos

El régimen de promoción consensuado por los gobernadores se estructura por medio de cinco puntos, pero los dos primeros aparecen como los más relevantes, señala El Inversor On Line.

El primer punto busca legislar sobre los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación de los hidrocarburos. En esa dirección, propicia la creación de un régimen especial temporario para los proyectos de desarrollo de reservorios no convencionales, offshore, de petróleo pesado, pozos profundos y de frontera en el marco de las leyes 17.319 (de Hidrocarburos), 26.197 (Corta) y 26.741 (de Soberanía Energética). Para eso, el texto advierte sobre la necesidad de definir algunos conceptos básicos como explotación no convencional, proyecto de desarrollo de reservorios no convencionales, superficie destinada a esas iniciativas, plan piloto, reestructuración de áreas, así como también las condiciones, plazos y procedimientos para aprobar los emprendimientos de inversión.

El segundo punto del documento está titulado “Promoción y fomento de la actividad” y aboga por la ampliación de los beneficios fiscales e impositivos para la mayor cantidad de sujetos posibles. “Se debería generar un esquema promocional flexible que permita una evaluación integral de los beneficios de cada proyecto y no sólo para los que inviertan más de USD 1.000, tal como prescribe el decreto 929/13″, señala el texto.

La intención de los mandatarios es que los incentivos no alcancen sólo a las petroleras que inviertan en campos no convencionales, sino también en las que apuesten por el offshore, los yacimientos de crudo pesado y en pozos de gran profundidad. Para eso, plantearon la creación de un régimen de amortización acelerada similares a los que contempla la Ley de Promoción Industrial, y otro régimen cambiario, que autorice a las empresas a girar dividendos y utilidades al exterior.

Uno las propuestas más polémicas que incluye el texto redactado por los gobernadoras es la que se refiere a los precios de los hidrocarburos. Por un lado, los mandatarios buscan que el Gobierno asigne a la categoría de “precio” todos los subsidios que paga el Estado a los privados -como por ejemplo las subvenciones que reciben los productores de gas que aumenten su producción-, con el objetivo de incrementar la recaudación de regalías de las provincias.

Por el otro, formulan que no pueda existir en los precios del mercado interno una diferencia mayor al 6% entre los valores de cada tipo de crudo. En los hechos, las provincias aspiran a atar el precio de todos los crudos al Medanito que se extrae en Neuquén, el más caro por su rendimiento en las refinerías.

Los últimos tres puntos del documento versan sobre el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad social empresarial; y obras de infraestructura urbana y de transporte, pero su desarrollo es muy exiguo, finaliza la publicación.

El Inversor On Line

Chile

“Estamos muy contentos de poder atraer a un socio respetado, que cuenta con trayectoria en construcción y operación de minas de cobre”, dijo el CEO de la minera canadiense en un comunicado.

Lunes 23 de Junio de 2014.- La compañía minera canadiense Aston Bay Holdings anunció la firma de un memorando de entendimiento con Antofagasta PLC, para una sociedad en torno a Storm Copper, proyecto de cobre y zinc que es controlado por la primera en el país norteamericano.

Según información que publican diversos medios canadienses, el pre-acuerdo fija la ruta para un joint venture entre ambas empresas, con la opción de que la minera chilena pueda hacerse de hasta un 70% del proyecto.

“Estamos muy contentos de atraer a un socio respetado, que cuenta con trayectoria en construcción y operación de minas de cobre”, señaló Benjamin Cox, CEO de Aston Bay, en un comunicado de prensa. Para el Director de Operaciones de la compañía, Bruce Counts, el grupo chileno “aporta profundidad técnica y experiencia al proyecto”. “Estamos muy ansiosos de comenzar a explorar la propiedad", agregó.

El proyecto Storm alberga cuatro zonas de mineralización que se encuentran en un área de cuatro kilómetros cuadrados.

El acuerdo

Según se indica, en una primera parte del proceso Antofagasta invertirá un mínimo de USD 10 millones durante seis años, por una participación de 50,1%. En una segunda fase, podrá invertir otros USD 6 millones en tres años y presentar un informe técnico demostrando un recurso de por lo menos 15 millones de toneladas de roca que contiene cobre, para ganar una participación adicional del 19,9% y llegar a un 70%.

La tercera parte se iniciará una vez concluido este período: Antofagasta PLC financiaría los gastos para un período de dos años. Si durante este tiempo se decide por no continuar, Aston Bay podría re-comprar la participación de Antofagasta por hasta 130% de los gastos incurridos.

La otra alternativa es que la canadiense mantenga su participación y tome el control del comité técnico o el directorio, previo pago de USD 1 millón a Antofagasta PLC.

En una cuarta fase, posterior a estudios de viabilidad, tanto Aston Bay Como Antofagasta pagarían una participación prorrateada de los gastos, de acuerdo con sus respectivos intereses en el proyecto Storm.

Las dos partes tienen previsto formalizar un acuerdo vinculante antes de diciembre de este año, fecha límite que se han fijado para que este entendimiento no expire.

Exclusivo