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Chile

El CEO de Codelco fichó en dos altos cargos a militantes de la Nueva Mayoría. En la minera lo ven como una señal de que se quiere quedar y el nuevo gobierno corporativo lo ayudaría.

Miércoles 22 de Enero de 2014.- Thomas Keller, el presidente ejecutivo de Codelco, que asumió el cargo en junio de 2011 en medio del jarabe ácido que intercambiaban Diego Hernández (su antecesor) y Gerardo Jofré, el directivo –designado por Sebastián Piñera– da la impresión de que quiere quedarse.

El lunes en la entrevista con El Mercurio  respondió titubeando, diciendo que estaba contento, pero sin responder si deseaba seguir en la institución.

Keller fue el máximo ejecutivo en Collahuasi, uno de los mayores yacimientos del mundo. También pasó por el retail, en Cencosud, la firma controlada por Hörst Paulmann. Con la llegada de Piñera al gobierno en marzo de 2012 asumió en la vicepresidencia de finanzas de Codelco, secundando a Hernández, que venía de BHP Billiton.

Ahora, suma más de dos años y medio dirigiendo Codelco y da señales de que le gustaría seguir en el puesto. No por dinero, porque gana varias veces más en el mundo privado, sino para cumplir su ciclo, dicen fuentes bien informadas cercanas a Codelco.

Por eso, llamaron la atención en las últimas semanas dos movidas que hizo Keller –”Killer”, como lo denominan coloquialmente algunos al interior de la compañía–.

A fines de octubre de 2013, designó como vicepresidente de recursos humanos de la Corporación a Jaime Pérez de Arce, quien asumió a inicios de diciembre pasado, y el 27 de diciembre reciente nombró como consejero jurídico de la compañía, similar al fiscal de una empresa, a Cristián Quinzio, del PPD.

Ambas movidas generaron ruido sobre el interés que habría detrás de Keller o el directorio. Y es que en marzo asumirá Michelle Bachelet en La Moneda e, inmediatamente, deberá pensar en tres nombres que ingresen al directorio de la minera. Esto, porque en mayo deben dejar su cargos Fernando Porcile, Juan Luis Ossa y Andrés Tagle. El primero, ex ejecutivo de la gran minería; el segundo, abogado clave en el Código Minero que se hizo en el régimen militar de Augusto Pinochet; y el último, militante UDI, experto electoral y ex vicepresidente del gremio de las Isapres.

Bachelet deberá nombrar tres reemplazantes y los nombres pueden zanjar el futuro de Keller. Aunque una alta fuente cercana a Codelco, con nexos directos con la Nueva Mayoría, asegura que nunca se había visto tanto desinterés de la Concertación por la minera.

Las decisiones serán tomadas bajo el nuevo gobierno corporativo de Codelco, firmado durante el primer mandato de Bachelet, que fija atribuciones altas para el directorio y abre espacio a una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.

De hecho, en abril de 2010 cuando el directorio de Codelco designó a Diego Hernández como presidente ejecutivo, el mandatario no saltó en su silla de alegría. Hernández no simpatiza con él y se lo hizo saber elegantemente, al menos en un par de ocasiones en que el Presidente asistió a actividades en la minera, cuentan fuentes ligadas al sector.

La poca simpatía creció en el tiempo por las diferencias entre Hernández y Jofré, en parte a propósito de la disputa con Anglo American por las acciones de la Ex Disputada de Las Condes. Hernández dijo públicamente que no apoyaba la idea de negociar, que fue el camino que Jofré terminó tomando, decisión y anuncio que fue un factor importante en la renuncia de Hernández dos días después.

Fuentes que conocieron a Hernández en su paso por Codelco, aseguran que éste tampoco logró afinidad con el gobierno, porque nunca sintió un compromiso real de Piñera con la capitalización de la minera, paso clave para hacer las inversiones que permitan sostener la expansión de la producción de cobre.

La misma tensión evidenció Keller hace dos meses –y en El Mercurio la volvió a hacer patente– cuando cuestionó abiertamente la decisión de Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de no aportar recursos frescos a Codelco, lo que obliga a la empresa a endeudarse, pese a que los pasivos de la compañía ya superan los US$ 10.000 millones.

“Todos sabemos que la capitalización de las utilidades de la transacción de Anglo no representa recursos efectivos. Aunque aumenta la calidad de nuestro patrimonio, claramente no aportan recursos frescos para concretar nuestros programas de inversiones y por tanto esperamos que las nuevas autoridades sí lo hagan”, dijo Keller el lunes sin tapujos.

Si Bachelet lo quiere sacar, la decisión debe pasar por el directorio, que componen nueve personas. Los tres que se van serán reemplazados directamente por Bachelet y quedarán otros cinco, dos de los cuales representan a los trabajadores (Augusto González a supervisores y Raimundo Espinoza a los trabajadores). La mayoría será real en mayo.

El nuevo gobierno corporativo de Codelco buscó neutralizar el manejo político de antaño en la empresa, por lo que, aseguran fuentes internas, la decisión no es trivial e incluso requeriría la unanimidad del directorio para sacarlo.

Aun más, la decisión debe ser precedida por una evaluación técnico profesional de su desempeño en Codelco. Y según señala un conocedor de la forma en que piensa el actual directorio de la minera, Keller tiene buena nota. Aunque han bajado los excedentes que aporta al Estado, juega a su favor el alza de los costos que ha enfrentado la empresa y la baja del precio del cobre del último bienio.

“Codelco ya no es manejada políticamente como antes”, afirma una fuente ligada a Codelco.

Incluso más, un ex funcionario de la estatal asegura que lo mejor sería darle continuidad a Keller para que mantenga los planes para hacer crecer la empresa y porque, asegura, tiene el convencimiento de que la idea de privatizarla, afincada en la derecha, no posee ninguna viabilidad política. Esto lo demuestra su disputa pública por la capitalización de la empresa con las autoridades de gobierno, asegura la fuente.

Pero las casualidades hacen dudar a conocedores de la corporación.

Un ex alto ejecutivo de Codelco cree que Keller quiere quedarse y que, al subir a Pérez de Arce y Quinzio, “está presentando credenciales demócraticas frente a Bachelet”.

“Le está diciendo: yo también puedo trabajar con gente de la Concertación”, sostiene la fuente, aludiendo a la conocida afinidad política de Keller con la derecha, aunque en una sensibilidad más liberal de ese sector.

Y es que Pérez de Arce es un ejecutivo del mundo minero conocido, pero también con fuertes conexiones políticas, a través del PS, en que milita en el llamado sector “tercerista”, donde destaca Ricardo Solari, candidato a ministro de Bachelet y ex titular del Trabajo, y el actual presidente de partido, Osvaldo Andrade.

Su llegada, además, se cruza con un nombre que suena fuerte para reemplazar a Keller: Nelson Pizarro, quien fue vicepresidente de Codelco Norte en tiempos de Juan Villarzú, como presidente ejecutivo, y Ricardo Lagos como Presidente de la República.

Pizarro, quien ostenta un dilatada trayectoria en la minería, tiene como mano derecha a Jaime Andrade, socialista tercerista (al igual que Pérez de Arce), quien fue su jefe de comunicaciones en Codelco Norte y ex subsecretario de Mideplan. Andrade adquirió connotación pública porque estuvo a cargo de la Conadi cuando se aprobó la central Ralco de Endesa.

Pero un ex director es duro con Pizarro, actual presidente del proyecto privado Caserones. “Independiente de si sigue Keller, espero que no elijan a Pizarro, después de la mala gestión que hizo en Chuquicamata”, dice.

Peréz de Arce fue vicepresidente ejecutivo de Enami, la otra minera relevante del Estado, que se relaciona con la pequeña y mediana minería, en tiempos de Lagos y parte del periodo de Bachelet. Hasta que Keller lo trajo a la matriz era gerente en El Teniente, la operación de Codelco en la VI Región.

Su llegada, aseguran fuentes cercanas a Codelco, obedeció al mal desempeño que tenía Sebastián Conde a nivel de sindicatos. “Conde tenía fortalezas en gestión, pero no logró establecer puentes con los trabajadores”, dicen.

De hecho, fuentes del directorio afirman que la llegada de Pérez de Arce era analizada desde hace casi un año y no hay una buena explicación para entender por qué Keller postergó tanto la decisión.

La llegada de Quinzio terminó de impulsar los rumores sobre una jugada política de Keller. Abogado PPD, uno de los especialistas más reputados de mundo minero, no es un desconocido en la minería estatal.

Fue director en Enami y tiene vínculos familiares indirectos con la propia Bachelet. No es un militante asiduo al PPD, dice un dirigente de éste, pero no es un desconocido para el comando de Bachelet.

A propósito del escándalo por la licitación de litio de 2012, que costó la salida de subsecretario de Minería, Pablo Wagner, Quinzio estuvo en el centro del caso. Era el abogado de Li3 Energy, una de las empresas que integraba el consorcio Posco, que presentó la segunda mejor oferta detrás de SQM y que reclamó ante el gobierno por no haberles adjudicado el concurso luego de que dejaran fuera al ganador inicial, SQM.

Pero la llegada de Quinzio también tiene explicación al interior de Codelco, como lo corroboran dos fuentes ligadas a la empresa.

Aseguran que su arribo fue producto de la renuncia del abogado Carlos Patricio Enei, quien dejará la compañía el 31 de enero próximo, para sumarse al holding minero de los Luksic, Antofagasta Minerals, que hoy lidera justamente Diego Hernández. Quinzio llegará el 15 de marzo.

Por cierto, la movida del ex presidente ejecutivo causó molestia en Codelco, donde se entendía que había un acuerdo con las privadas de no levantarse, después que, con la llegada de Piñera al gobierno, la estatal reclutara a numerosos altos ejecutivos del sector privado.

Pero Enei, expresan las fuentes, recibió una jugosa oferta de Hernández, que el abogado no pudo rechazar. Y entones Keller se vio forzado a buscar un refuerzo de elite.

Las movidas de Keller hicieron correr los rumores a tal punto, que algunos cercanos a la empresa y del mundo concertacionista aseguran que podrían explicarse por el complejo escenario que vive la estatal de cara al futuro, con proyectos de expansión complejos de concretar y que, si no se hacen, harán caer la producción de cobre y, por ende, los aportes al Estado.

El caso clave es Andina, donde la empresa planea invertir casi US$ 9.000 millones, pero ha debido retrasar la evaluación ambiental y se especula con que su implementación será paulatina, con el correspondiente impacto en los excedentes al Estado.

El Mostrador

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