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Perú

24 de Mayo de 2010.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) insistirá para que la empresa Doe Run Perú cumpla con la ley y reinicie sus operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) en julio, manifestó el viceministro de Minas, Fernando Gala.

“Si la paralización de las operaciones de Doe Run no afectara a los trabajadores sería sólo un problema empresarial, pero como los afecta, el MEM insistirá en que la empresa cumpla la ley y se reinicien las operaciones en julio”, declaró a la agencia Andina.

En la víspera, el MEM informó que los representantes de Doe Run Perú y de su accionista principal presentaron una nueva agenda que incluía cuatro puntos distintos a los que se han visto durante los últimos 12 meses de diálogo.

Explicó que la compañía minera solicitó que el Poder Ejecutivo modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, a fin de blindar a la empresa, accionistas y vinculadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

Refirió que la empresa pretende, con este pedido, que el accionista principal y las empresas vinculadas sean blindados ante cualquier denuncia sobre responsabilidades ambientales, esto debido a que en Estados Unidos tienen denuncias por perjudicar la salud de los niños de La Oroya por el contenido de plomo en la sangre.

“Doe Run ha presentado puntos que no aparecían antes como prioritarios, y que ahora lo son, y el propósito sería que si hubiera cualquier juicio ellos quedarían impunes”, sostuvo.

Sin embargo, el viceministro enfatizó que estos nuevos pedidos de la empresa no son prioritarios para el gobierno, por lo que los asesores legales del MEM revisarán el contrato de privatización para definir cuáles serán las medidas de contingencia para el Estado.

“Este es un tema muy complicado, es un contrato de privatización, entonces necesitamos que los abogados nos digan qué medidas de contingencia debe tomar el Estado. Por su complejidad no será un proceso inmediato”, dijo.

Afirmó que este nuevo pedido de Doe Run ha sorprendido al gobierno pues ya se había avanzado bastante en el tema de garantías y en dar algunas flexibilidades a la empresa para que consiga el financiamiento que necesita para el reinicio de sus operaciones.

“Pero ahora surge que lo más importante, más que tener el dinero para el proyecto, son las propias contingencias que pretende la empresa”, sostuvo.

Además, cuestionó que Doe Run haya condicionado el reinicio de sus actividades a la aceptación del blindaje de sus accionistas y vinculadas.

Subrayó que la contingencia que solicita la compañía minera es sólo un aspecto secundario ya que lo más importante es conseguir el financiamiento de inmediato para reactivar las operaciones en la fundición de La Oroya.

“La empresa no podría condicionar al Estado con este tema para reiniciar las operaciones. No olvidemos que para ello se requiere dinero y si Doe Run no quiere poner dinero no hay reinicio. El Estado no va a poner dinero por ellos”, sentenció (Andina).

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