Joaquín Villarino, “Hay dos agendas que están en abierta contradicción”

Chile

Gran parte de las nuevas inversiones mineras están paralizadas, y si bien eso se explica parcialmente por la caída del cobre, también es consecuencia de las múltiples modificaciones que ha hecho el Ejecutivo y que afectan de forma importante a la industria, asegura.

Lunes 25 de Abril de 2016.- La minería es el sector que más aporta recursos al país y al fisco, pero hoy está deprimida: los proyectos de inversión se han ido en picada, ha habido masivos despidos, activos en venta, agresivos planes de ahorro, una ley del mineral que cae sostenidamente y un precio del cobre que ha bajado de manera drástica, entre otros.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, tiene una mirada crítica. El ejecutivo estima que pese a que la baja en la actividad obedece claramente a la caída del valor del metal, la “contradicción” de las políticas del Gobierno es también dañina. Por un lado, invierte $22.500 millones para desarrollar una hoja de ruta para el futuro de la industria -y que coordina Fundación Chile-, mientras que, por el otro, introduce innumerables cambios regulatorios que define como paralizantes.

-¿Cómo evalúa el apoyo que le ha dado el Gobierno al sector?
“Este Gobierno tiene dos agendas: una sectorial, que puedo calificar como positiva, proactiva, constructiva, que piensa en la minería del futuro (…), y otra no sectorial, que directa o indirectamente afecta nuestra industria, pero de manera negativa. Cuesta muchísimo compatibilizarlas, ya que van en claro rumbo de colisión. Mientras la primera se preocupa de la productividad, la innovación, los cambios tecnológicos, la mejora del capital humano, los nuevos estándares medioambientales y de relaciones comunitarias, y va muy de la mano con el sector, especialmente con el trabajo del Consejo Minero, la segunda conjuga decenas de cambios legislativos y regulatorios que empeoran la productividad, como la reforma laboral, que impiden el desarrollo minero, como el proyecto de ley sobre protección de glaciares, que introducen incertidumbre, como la reforma al Código de Aguas y la derogación del DL 600 o que simplemente incrementan costos de manera arbitraria, como el proyecto de ley de transmisión, la ley de cierre de faenas mineras, e incluso la de responsabilidad extendida del productor”.

“Hay dos agendas que están en abierta contradicción prácticamente irreconciliables. Estas dos caras de la moneda hacen que sea complicado desarrollar nuevos proyectos, y vemos que en Chile prácticamente no hay nuevos proyectos mineros relevantes en cartera, para el corto y mediano plazo”.

-¿Esto frena más que la baja del precio del cobre?
“No, hay que ser honesto en que el precio del cobre obviamente es una condicionante importante a la hora de tomar decisiones sobre nuevos proyectos, pero no cabe duda de que existe una agenda regulatoria en Chile, de origen gubernamental y parlamentario, que ha hecho muy difícil la toma de decisiones para nuevas inversiones”.

“A esto se añade una burocracia en el aparato estatal para obtener permisos que da lugar a una verdadera lucha titánica para sacar un proyecto, con plazos que no son comparables con los que uno ve en otros países (….) Las autoridades locales parecieran no conversar con las nacionales y las resoluciones políticas de organismos técnicos son el pan de cada día. La verdad es que el Gobierno debería hacer un esfuerzo como lo hizo con la reforma tributaria -aunque se quedó corto- y con otras reformas. El Poder Legislativo también es fuente de grandes dolores de cabeza”.

-En estas dos agendas hay una práctica y de corto plazo y una más teórica y de largo plazo. ¿Cuál pesa más?
“A la hora de tomar decisiones de inversión pesa más la agenda negativa; los efectos están a la vista. Hay reformas que han tenido un efecto paralizante. Ahora, nosotros no podemos ser como los niños picados que agarran la pelota y se van para la casa; tenemos que seguir jugando el partido (….) Estamos trabajando en todas aquellas iniciativas que creemos le van a hacer bien al país en el largo plazo. Claro que no hay que olvidar que para llegar al largo plazo hay que pasar por el corto, y se está tomando una serie de medidas en el corto que hacen muy difícil planificar adecuadamente las decisiones de largo plazo”.

-Como Consejo Minero, se relacionan con una serie de inversionistas. ¿Cuál es la visión que los extranjeros tienen del país?
“Estuve en Toronto en marzo (…) le cuento una anécdota que muestra la mirada que tienen los inversionistas. A la salida de un seminario que trataba sobre el atractivo de invertir en Chile, y donde expusieron la ministra de Minería, el presidente de la CPC, de la CChC, de la Agencia para la Inversión Extranjera y yo, se me acercó un inversionista canadiense y me dijo que le llamaba la atención la exposición del Gobierno, porque informa sobre los resultados exitosos del modelo que están modificando, y dijo que le gustaría que el Gobierno explicara por qué entonces están haciendo las modificaciones. Tuvimos que dar muchas explicaciones en el extranjero. Pareciera que Chile está empezando a agotar esa cuenta corriente de buena reputación. La caída en los índices de competitividad de la minería conversa un poco con ese pensamiento de los inversionistas”.

“Hay instituciones que han tomado el camino fácil de sancionar y paralizar proyectos”

Empresarios, abogados y representantes de los gremios -ya sea de manera pública o privada- han criticado la forma de actuar de algunas instituciones gubernamentales, como la Superintendencia del Medio Ambiente o el Servicio de Evaluación Ambiental.

Consultado Joaquín Villarino al respecto, dijo que “más que emitir un juicio, me parece que hay una idea general, previa, sobre la cual deberíamos trabajar, y es: ¿Estas instituciones están para obstaculizar el desarrollo de proyectos bajo la consigna del cuidado del medio ambiente, o están para compatibilizar ambas actividades? Lamentablemente, algunas de ellas se han ido por el camino más fácil, que es el de sancionar y prohibir, y no por el de trabajar y planificar conjuntamente para construir y hacer compatible el desarrollo de grandes proyectos con el cuidado del medio ambiente, temas absolutamente compatibles. La experiencia internacional demuestra que es así”, aseguró el ejecutivo. Añadió que “hay proyectos paralizados por años, con costos de mantención de obligaciones de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) millonarios, sin esperanza alguna de reactivarse. Eso es inaceptable, no es serio, pero políticamente es muy rentable”. Villarino sostuvo que se requiere de un Estado más moderno, robusto y capacitado que ayude a facilitar la transición del mundo productivo a los nuevos estándares ambientales. Dijo además que “hay servicios regionales que definitivamente no están enfocados en el desarrollo del país ni en la búsqueda de esta compatibilidad entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Están en una línea que tiende más a paralizar las inversiones que a fomentarlas”.

El Mercurio