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Internacional

9 de Noviembre de 2010.- Canadá planea endurecer su ley de inversiones extranjeras con la meta de imponer mayor transparencia y responsabilidad a los inversionistas tras la tormenta política a causa de la oferta de BHP Billiton por PotashCorp.

Tony Clement, ministro de industria, dijo a Financial Times que la revisión no se vinculaba específicamente a la operación de BHP que su gobierno prácticamente hundió la semana pasada cuando determinó que no ofrecía "un beneficio neto" para el país, como exige la Ley de Inversión en Canadá.

"El primer ministro y yo sentimos que el proceso funcionó muy bien en la revisión de la oferta de BHP", dijo Clement, pero agregó que "hay algunos puntos de vista que vale la pena mirar".

En particular, dijo que el gobierno buscaría obligar a los inversionistas extranjeros a hacer públicos sus compromisos en empleo, procesamiento local, transferencias de tecnología, competencia y otras promesas que por lo general se asumen para pasar la prueba del "beneficio neto".

Clement dijo que también estaba abierto a ideas sobre cómo mejorar la supervisión de estos compromisos. "Si hay un inversionista que no cumple, hablemos de modos en que podamos hacer avanzar los intereses de Canadá en esos casos".

El proceso de revisión se aplica sólo a acuerdos donde el valor de los activos de la empresa objetivo exceden los 299 millones de dólares canadienses (US$ 299 millones). El umbral es más bajo para posibles compradores de países que no sean miembros de la Organización Mundial de Comercio. La propuesta de BHP es la segunda rechazada por Ottawa de las 1.600 revisadas desde que la Ley entró en vigencia a mediados de los "80.

Clement no cree que el gobierno cambie de opinión en el caso de BHP antes del plazo límite de diciembre para una decisión final. BHP dijo que la semana pasada que revisaría sus opciones y no quiso comentar las declaraciones de Clement.

Los compromisos suelen incluir cláusulas de salida para tomar en cuenta los cambios en las condiciones de negocios.

En el primer caso de este tipo, el gobierno demandó a US Steel por supuestamente no apegarse a sus compromisos de empleo cuando compró una siderúrgica en Ontario hace tres años (DF).

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