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Chile

En la firma estiman que el proceso de invalidación, que sugirió el máximo tribunal, demoraría unos dos meses en resolverse, mientras que los detractores de la iniciativa estiman que tras este fallo la autoridad ambiental está obligada a votar en cont

16 de Noviembre de 2010.- La Corte Suprema logró ayer algo que escasas veces sucede: dejar satisfechas a buena parte de los involucrados en un caso.

Así sucedió con el pronunciamiento respecto del cambio en la calificación industrial del proyecto termoeléctrico Castilla, del magnate brasileño Eike Batista. En forma unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en septiembre declaró ilegal la actuación del ex secretario regional ministerial (seremi) de Salud de Atacama Raúl Martínez.

El julio pasado, la renunciada autoridad cambió de "contaminante" a "molesta" la condición de esta iniciativa de generación, que representa el proyecto termoeléctrico más grande que se ha impulsado en el país en términos de su capacidad.

Al mismo tiempo, la Suprema abrió una vía alternativa para que la empresa pueda resolver este tema, lo que, estiman en la firma, podría tomar en torno a dos meses, tras los que el proyecto podría ser votado por la autoridad ambiental. Sin embargo, conocedores del tema dijeron que previo a conocerse el fallo la estimación que el Gobierno entregó a la empresa ­que en los últimos quince días habría tenido al menos dos encuentros con el ministro de Energía, Ricardo Raineri­ es que las obras de Castilla no podrían comenzar antes de un año, por los recursos legales que se espera sean presentados.

Reacciones

El fallo de la Suprema establece que la autoridad "empleó un 'procedimiento de revocación' que no resultaba admisible y, especialmente, porque no acepta la intervención de quienes podían ser afectados por la decisión".

Mientras la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Atacama informó que el fallo permite reanudar la evaluación de Castilla, que fue suspendida a raíz del proceso judicial, los detractores del proyecto, encabezados por la familia Domínguez, se declararon felices.

A juicio del clan, la Suprema demostró su independencia, pese a todas las presiones políticas y económicas que han existido en este caso. "Es una señal muy clara y definitiva para el país", dijo a "El Mercurio" Paula Domínguez, vocera de la familia que tiene propiedades en las cercanías del proyecto. El dictamen, según su visión, obliga a la Corema de Atacama a pronunciarse en contra de la iniciativa energética: "No tienen otra alternativa. Sería ilegal ir en contra de la institucionalidad y no creo que el Presidente Piñera esté dispuesto a ir en contra de ésta", aclaró.

En MPX, en tanto, evaluaron positivamente el resultado de la apelación que presentó el abogado Andrés Jana.

"La Corte no dice que el proyecto sea contaminante. Sólo reconoce como garantía constitucional afectada la igualdad ante la ley al haberse omitido la audiencia a interesados en el proceso de invalidación del pronunciamiento cuestionado, y descarta que se pudiera haber afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", manifestó la fiscal de la firma, María Paz Cerda.

Añadió que aunque contraria a sus mejores expectativas, la sentencia no impide un pronunciamiento por parte de la Corema. Por el contrario, explicó que dicha instancia tendrá que esperar que se resuelva el procedimiento de invalidación que el nuevo seremi de Salud, que sería nombrado por estos días, debería realizar por oficio o bien a petición de MPX, y que podría dar pie al cambio de la polémica calificación industrial.

AUSENTE

El ministro de Energía, Ricardo Raineri, no estuvo disponible para comentar el fallo.

''MPX está convencida de que el proyecto fue mal calificado, y espera confiada que la Seremi de Salud proceda a invalidar su primer pronunciamiento conforme al procedimiento señalado por la Corte Suprema".

MARÍA PAZ CERDA
FISCAL DE MPX

''No tienen otra alternativa que rechazar el proyecto, lo contrario sería ilegal (...) no creo que el Presidente Piñera esté dispuesto a ir en contra de la institucionalidad".

PILAR DOMÍNGUEZ
VOCERA DETRACTORES

Presiones comerciales podrían afectar al proyecto

Conocedores del escenario energético en la parte norte del SIC, dicen que más que los temas legales o políticos, la presión económica podría incidir con mayor fuerza en contra de la materialización del proyecto Castilla.

De hecho, al interior de la firma indican que no están en condiciones de esperar más de seis meses o un año para tener certeza respecto de que este proyecto podrá seguir adelante, pues en un plazo superior se arriesgan a perder el espacio para colocar su producción energética, frente a otros proyectos en desarrollo.

La estimación es que Atacama requiere más de dos mil MW de capacidad, asociada a inversiones mineras. De hecho, de ese total ya se han adjudicado los consumos de Pascua Lama y Caserones, mientras que están en plena negociación las necesidades de faenas como El Morro y Cerro Casale. En términos de oferta, a los 2.354 MW de Castilla se suman los 152 MW de la Unidad V de Guacolda y los 740 MW de Punta Alcalde, la carbonera de Endesa que está pronta a ser sometida a votación ambiental (Economìa & Negocios).

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