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Chile

El representante de Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn dice que "la posición es aceptar hacerse cargo, pero controvertir todos aquellos montos (...) que no están exclusivamente relacionados" con el operativo.

15 de Noviembre de 2010.- "Los dueños de la minera no han hecho ni tampoco harán nada inapropiado en su defensa. Alejandro Bohn no va a transferir su casa hipotecada, Marcelo Kemeny no va a transferir su auto...", dice el representante de los propietarios del yacimiento San José, Hernán Tuane.

Y confiesa: "Asumí el caso porque era abogado de la empresa poco más de un año antes del derrumbe, desde después de la reapertura. Según las reglas del Colegio de Abogados, debo manifestar mi lealtad y no puedo dejar abandonado a un cliente, salvo que él sea indigno, cosa que no he visto en este caso".

Tuane ha analizado "miles de papeles" desde agosto. Y se siguen acumulando en su despacho, pues ya fueron notificados de la demanda por $5.500 millones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por lo gastado por el fisco en el rescate.

"Desde el primer momento fui partidario de que debíamos asumir la situación del CDE. Y por asumir entiendo hacernos cargo de lo que pueda significar el rescate. Pero también hemos establecido un límite en el pago del rescate: si bien mis clientes no quieren ser subsidiados por el Gobierno, tampoco quieren subsidiar ­al revés­ a la administración. La posición es aceptar hacerse cargo, pero discutir y controvertir todos aquellos montos o tipos de perjuicios que consideren que no están exclusivamente relacionados con el rescate u orientados al fin mismo. En este momento, no puedo saber a cuánto asciende ese monto: el CDE no ha acompañado la documentación al juicio", advierte.

­Aparte de la retención de bienes solicitada por el CDE, el Primer Juzgado de Letras de Copiapó decretó otra por $900 millones. La medida fue solicitada en representación de 26 de los 33 trabajadores. ¿Qué tanto les complica eso?

"(...) Todas las demandas que nos han precautoriado los bienes han complicado tanto para hacer frente a los finiquitos como para darle una potencial solución de viabilidad a la compañía. Muy poca gente sabe que cuando los mineros (N. de la R.: los que no quedaron atrapados) fueron despedidos ­con acuerdo de la compañía y el experto facilitador­, la causal de término de los contratos fue la de necesidades de la empresa. Todos ellos se ganaron, entre comillas, el derecho a percibir el cien por ciento del valor de su finiquito. La empresa pudo haber tomado una actitud distinta, que era aplicar la causal de fuerza mayor. Esa zona fue declarada por el Gobierno como zona de catástrofe, de modo que era muy fácil aplicar una causal de esa naturaleza. Y esa segunda causal llevaba a que la indemnización fuese cero. Así, los dueños asumieron un pasivo adicional de $1.300 millones por los finiquitos. Prefirieron obrar en protección de aquellas personas con que trabajaron tanto tiempo. Por eso, me ha sorprendido la actitud que han tomado algunos trabajadores exigiendo el pago del finiquito de forma intempestiva".

­¿Kemeny y Bohn están dispuestos a responder con bienes como sus casas, sus autos...?

"En estos procesos la que responde es la compañía, y ella tiene activos importantes. Tiene yacimientos relevantes de cobre y de oro, respecto de los cuales existen interesados. Es ella la que tiene que responder. Respecto de que los dueños lo hagan, la opinión pública ya sabe el patrimonio personal de mis clientes, que están en una mala posición. Marcelo tiene su casa en una situación legal compleja y Alejandro tiene la suya con un crédito hipotecario. Aunque quisieran echar mano a recursos, lo que tienen está hipotecado, y no hay más".

­¿A cuánto asciende el patrimonio de la empresa?

"Eso varía según la circunstancia en que se venda. Si es en estado de liquidación, son unos US$ 8 millones, o un poco más. Y si lo vendes con calma, con un procedimiento económico inteligente, puede llegar a unos US$ 20 millones, con lo cual existe la potencialidad de que se pague a la totalidad de los acreedores en aproximadamente diez años".

­Bohn dijo: "Espero un proceso justo, sin presiones de ningún tipo". Usted es su defensor: ¿ha sentido alguna presión?

"Me parece que esa respuesta se refería a los aspectos penales, que son llevados por mi colega Gonzalo Insunza, a quien le pedí que asumiera la defensa en la parte criminal. Sin perjuicio de eso, ha habido cuestiones comunicacionales muy fuertes".

­El mismo Bohn sostuvo que lo ocurrido fue "un evento de la naturaleza", Kemeny aseguró que fue "imposible de predecir", y el gerente, Pedro Simunovic, descartó "responsabilidad operacional"... ¿Eso obedece a una estrategia de la defensa para desligarse de la catástrofe?

"No. Y quiero ser bien claro: mientras esté a cargo de la defensa general y la dirección de este caso, vamos a actuar con total transparencia y ajustados a la verdad. Tengo claro que no hubo culpa ni dolo. Mis clientes explotaron la mina en la forma y con los procedimientos dictados por expertos, como ingenieros geomecánicos o geólogos".

­Pero Mariano Gajardo, director de Sernageomin Atacama, afirmó que "los dueños sabían que la mina era una zona peligrosa, porque en el nivel en que se cayó el bloque (345) habían hecho un bypass de 90 metros".

"Es evidente que el Sernageomin, que es una institución que está tan cuestionada, trate de defenderse. Pero estando tan comprometida, pierde la independencia y objetividad para emitir una opinión de tal envergadura".

''Si logramos llevar las cosas a buen término, esperamos pagar a la totalidad de los acreedores en un plazo de aproximadamente diez años".

''Aunque Kemeny y Bohn quisieran echar mano a su patrimonio personal, lo que tienen está hipotecado, y no hay más".

"Ha habido un manejo político"

­A la espera de lo que resuelva la justicia, los dueños han sido sindicados como los "grandes responsables" de lo sucedido. En un estudio de UDD­La Segunda, el 79% los cataloga así. Además, de 1 a 7, reciben un 1,8. En otro estudio, de El Mercurio­Opina, el 90% sostiene que el derrumbe se produjo porque la mina no contaba con la seguridad adecuada. Bohn y Kemeny repiten su 1,8. ¿Cuánto pesa ese juicio público?

"Es uno de los grandes problemas que he tenido que enfrentar. Y no tengo duda de que las encuestas son verídicas, pero creo que están sesgadas. Si la gente común y corriente tuviera acceso a oír una versión distinta, las encuestas no serían de ese calibre. El abuso comunicacional, la falta de objetividad, la manera en que se han expuesto las cosas hacia los ciudadanos han sido graves".

­¿Ese "abuso" ha sido protagonizado también por el Gobierno?

"Bueno, esto ha sido una fiesta global. Como leí en el USA Today, es casi como un reality show . Y también acá ha habido un manejo político importante".

­¿De quién?

"Eso lo veremos más adelante...".

­¿Qué le pediría al Gobierno?

"Yo ya le pedí al Gobierno, cuando recién ocurrió esto. En agosto le envié una carta al vicepresidente ejecutivo de la Enami. Le pedí ayuda para las familias de los trabajadores, para que nos prestara dinero con cargo a las hipotecas de los yacimientos, para que pudiéramos tener recursos y colaborar. Enami nunca nos contestó".

­El ministro de Minería, Laurence Golborne, fue crítico con ustedes: "Olvidémonos que el Gobierno ayudará a esta empresa que ha tenido este comportamiento", dijo...

"Pero este tema de la ayuda de la Enami ha tenido tres fases. Una primera fue en la que no me contestaron la carta y en que me enteré por los diarios que el Gobierno no nos ayudaría. Una segunda fue en octubre: en la etapa muy previa al rescate, cuando había que pagar algunas remuneraciones, Enami, a solicitud del experto facilitador, nos prestó $190 millones para los sueldos de septiembre. O sea, Enami sí nos prestó dinero, sí tuvo una actitud distinta a la que ha anunciado el ministro Golborne. Y la tercera fase es aquella en que vivimos hoy, en que se dice que es imposible que Enami o las autoridades públicas le pasen más dinero a la mina" (Economía & Negocios).

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