Chile
Gerente general de la compañía, Jorge Rodríguez, afirma sentirse preocupado por la tardanza en las autorizaciones para la construcción de la línea Cardones-Polpaico. Asegura que Chile tiene un sistema “poco ágil”, que obstaculizará el desarrollo de futuras iniciativas. En todo caso, afirma que se cumplirán los plazos.
Lunes 17 de Octubre de 2016.- No sólo la judicialización es un problema que preocupa a la colombiana ISA, que a través de su filial Interchile impulsa la construcción de la línea de transmisión de alta tensión Cardones-Polpaico. La carretera eléctrica de 753 kilómetros, y que es vital para materializar la interconexión entre los sistemas eléctricos del norte (Sing) y centro (SIC) del país -al unirse con la línea de Engie Chile- ha debido enfrentar demoras en la entrega de algunos de sus permisos ambientales, necesarios para avanzar en la construcción del proyecto, faena que comenzó en abril pasado.
“Hay algunos permisos ambientales que han tomado más tiempo del debido, a pesar de que Interchile ha llevado a cabo esta tarea de manera responsable y ordenada. Es un tema que nos preocupa y que debería inquietar a las autoridades del país, ya que afecta la normal tramitación de proyectos de gran envergadura como es este y que puede llegar a poner en riesgo la entrada en operación de la línea”, explica el gerente general de Interchile, Jorge Rodríguez.
El tema no es menor, pues la firma tiene un plazo límite para entregar la línea de transmisión, que es diciembre de 2017, fecha que fue impuesta por el gobierno y es una exigencia que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha reiterado en varias ocasiones, debido a los presuntos impactos que pudiera haber sufrido el proyecto ante la fuerte oposición y judicialización principalmente por parte de los habitantes de Zapallar, una de las 20 comunas que serán impactadas por el proyecto, que pasará por las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Por eso, para cumplir los plazos establecidos, la compañía indicó a inicios de año que su estrategia será avanzar en la construcción de la obra “acorde a la obtención de los permisos ambientales”.
Obstáculos para nuevas obras
Rodríguez señala que la extensión de los plazos para las aprobaciones se debe a un sistema “poco ágil”, que se transforma en un “obstáculo” para el desarrollo de futuras iniciativas. “Si bien Chile ha hecho una importante apuesta por dar un salto en materia energética, el país cuenta con un sistema poco ágil que se convierte en un obstáculo para la concreción de nuevas iniciativas, lo cual termina afectando los plazos que comprometen las empresas”, recalca el ejecutivo. Enfatiza, además, que este tema lo ha conversado con “las autoridades pertinentes”.
Pero pese a estos inconvenientes, Rodríguez dice que están “confiados” en que la línea entrará en operación en las fechas estipuladas. “Si bien en algunos casos específicos los plazos para obtener las autorizaciones necesarias han sido mayores a los esperados, por la gran cantidad de organismos que intervienen en el proceso, tenemos la opción de avanzar en otros tramos del proyecto, incluso de manera simultánea, generando así avances considerables que nos permiten no tener atrasos en las obras”, detalla.
Dueños de predios
Donde sí están avanzando de manera rápida es en la obtención de los permisos de los dueños de los predios por donde pasará la línea para desarrollar las servidumbres necesarias para la instalación de las 1.724 torres de alta tensión que requiere el proyecto.
“Ya tenemos el 91% de los acuerdos cerrados, en línea con lo que estimábamos”, dice.
En todo caso, reconoce que ha habido varios intentos en los que no han logrado llegar a buen puerto -porque los propietarios no son ubicables o simplemente no fue posible llegar a un acuerdo-, pero aclara que en esos casos “se han iniciado procesos de solicitud de otorgamiento de concesiones definitivas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)”.
En ese proceso intervienen, además de la SEC, una o varias comisiones tasadoras, el Ministerio de Energía y, en último término, la Contraloría, señala. “En ese sentido, esperamos tener todos los acuerdos resueltos de aquí a diciembre de este año”, asegura Rodríguez.
Arista legal
La arista judicial es un tema no menor para Interchile. El proyecto sumó más de 400 recursos de protección por sus opositores, los que finalmente fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Hoy, la compañía afirma que no tiene ningún tema judicial pendiente, pero el viernes pasado se abrió otra arista en Interchile. Se trata del informe que emitió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la aplicación de la normativa en la aprobación de los proyectos Cardones-Polpaico (transmisión) y Doña Alicia (hidroeléctrica). La instancia concluyó que el ministro Pacheco intervino “más allá de la responsabilidad que tiene en su cargo” y que la participación ciudadana del proyecto se realizó sobre la base de “muchas presiones y falsedades”.
Pese a que Pacheco se ha defendido al respecto, indicando que un reciente informe de Contraloría concluye que él no actuó más allá de sus facultades, la empresa -más allá de este tema puntual- asegura que “Interchile ha actuado de forma responsable en este proyecto”.
Rodríguez dice que “como en todo proyecto, nos hemos encontrado con complicaciones en el camino, pero hemos sabido resolverlas, resguardando a las comunidades y el normal desarrollo de la línea de transmisión”.
En ese sentido, y pese a algunos cambios que se han realizado al trazado de la línea, Rodríguez asegura que “en su esencia” el proyecto “no ha sufrido modificaciones” y que tampoco se ha alterado la inversión, la que se estima en USD 1.000 millones.
“La evaluación responsable que hicimos desde un inicio ha permitido mantenernos dentro de los márgenes de costos, sin afectar el desarrollo del proyecto”, señala. Rodríguez destaca, en todo caso, que “debemos mantenernos ahí para que el proyecto sea viable económicamente para la empresa”.
La Tercera