Chile
El encuentro titulado “Hacia un nuevo y único relato para la industria extractiva en la región” aborda temas como el fortalecimiento del sector mediante el desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Participan viceministros y dirigentes de asociaciones gremiales del rubro, y representantes de la sociedad civil.
Martes 29 de Noviembre de 2016.- “Los países miembros de la Alianza del Pacífico constituyen una potencia minera desde el punto de vista de su trabajo asociativo”, señaló la ministra de Minería, Aurora Williams.
La autoridad inauguró el “Primer Diálogo Público-Privado de Minería: Hacia un nuevo y único relato para la industria extractiva en la región”, que se enmarca en los acuerdos adoptados por el mencionado bloque que conforman México, Colombia, Perú y Chile.
En el evento, desarrollado en Santiago y organizado por el Ministerio de Minería con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participan viceministros y titulares de asociaciones gremiales del rubro; y representantes de instituciones públicas, de la sociedad civil y de ONG ligadas a la industria minera.
El objetivo del encuentro regional que se extenderá por dos días es compartir inquietudes y propuestas para elaborar un único relato orientado a promover y alcanzar el aprovechamiento sustentable de los recursos mineros, la integración de cadenas de valor y el fortalecimiento del sector en un marco de desarrollo sostenible y de responsabilidad social.
Durante la apertura, la ministra Williams destacó que la Alianza del Pacífico constituye la 8va economía del mundo, concentra casi el 52% del comercio de América Latina y en 10 años más representaría la 4ta economía que más contribuiría al crecimiento mundial.
“En Chile, la minería es un eje fundamental. Concentra cerca del 60% de las exportaciones y recibió entre 2006-2015 el 34% de la inversión extranjera directa. Recientemente enfrentamos un ciclo menor de precios lo que generó menores ingresos para el Estado y reducción de costos que impactó en el empleo”, recordó.
La secretaria de estado sostuvo que en dicho período “buscamos promover una mirada estratégica de la minería de largo plazo. Y eso implica incorporar tecnología y desarrollo de nuevas soluciones que causen menores costos de manera permanente en el tiempo”.
Williams destacó que “hoy nos enfrentamos a una sociedad más demandante, con mayor valoración de sus derechos y conocimiento e interés por los temas ambientales. Esto obligó a un proceso de aprendizaje. Ya no solo bastó con llegar al territorio a explicar cuál es el proyecto minero que se iba a realizar. No es la aspiración que tiene la comunidad hoy, pues lo que espera es ser parte de ese proyecto y que exista valor compartido. Esto llama construir relaciones en el territorio de manera armónica, participativa, y no solamente informativa”.
La ministra de Minería indicó que la sociedad demanda mejores soluciones, por ejemplo, en el ámbito extractivo y la cadena logística, que incluye saber dónde se construyen los puertos, por dónde circularán los camiones mineros, o las condiciones de acopio de mineral.
Williams resaltó la creación del Programa Nacional de Minería Alta Ley, compuesta por representantes del mundo público y privado. “Mediante esta alianza creamos el Road Map Tecnológico para la Minería 2015-2035, hoja de ruta que definió como desafíos la operación y planificación minera; concentración de minerales; el desarrollo de tratamiento de relaves; la fundición y refinerías; y la hidrometalurgia”, indicó.
“La minería ya no sólo tiene por delante los desafíos técnicos que seguramente son comunes entre nosotros. Hoy predominan los relacionados a la necesaria alianza público-privada y cómo desarrollar minería en el territorio. Deseamos a las delegaciones de la Alianza del Pacífico aquí presentes el mayor de los éxitos para avanzar en estos y otros temas”, agregó.
Los módulos desarrollados hoy en el marco del encuentro se refirieron al fortalecimiento social para operar desde la industria minera en la región; experiencias del diálogo multi-actor por país; y prioridades para la acción pública, social y empresarial que permitan un relato único y regional.