Pablo Badenier, “El sistema debe ser capaz de distinguir proyectos complejos”

Chile

En entrevista el ministro de Medio Ambiente explicó los detalles las propuestas de la comisión asesora para la reforma al sistema de evaluación ambiental. Además anticipó sobre un instructivo que dictará el Gobierno para los distintos servicios que interactúan en el SEIA con el objetivo de unificar criterios.

Martes 26 de Julio de 2016.- Luego de varios meses de trabajo, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, entregó el documento con las conclusiones del trabajo de la comisión asesora presidencial para la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Al respecto, el secretario de Estado destaca no sólo el trabajo de la instancia sino también, la acogida que han tenido las propuestas, que recibió personalmente la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Entre las medidas planteadas destaca el trato especial para los proyectos de gran envergadura y que vendrían del mundo de la minería, energía e infraestructura, y que requerirían de una revisión a nivel nacional.

Frente a las alertas por un eventual trato discriminatorio que enfrentarían los titulares de proyectos de inversión a nivel regional, el secretario de Estado es categórico al señalar que un eventual proyecto de ley que acoja la propuesta “tendrá un control constitucional”.

En entrevista con diario Pulso, Badenier anticipa que durante 2016 el Gobierno emitirá un instructivo de carácter presidencial a los distintos servicios que interactúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental para unificar criterios de los llamados proyectos estratégicos.

Consultado por la idea de crear un sistema de evaluación especial para los grandes proyectos, el ministro indicó "Valoramos esa recomendación. El sistema debe ser capaz de distinguir proyectos que son más complejos y estratégicos, y que requieren un tratamiento distinto. Y donde se requieren las capacidades de los servicios a nivel central, donde en una etapa previa a la concepción central del proyecto, pueda convertirse con los gobiernos regionales y la comunidad para posteriormente entrar a la etapa de evaluación de los impactos ambientales. Un titular puede legítimamente desistir del proyecto en una segunda etapa y disminuir las barreras de entrada al SEIA, porque genera rigidez una iniciativa de inversión que esté plenamente concebido desde el punto de vista ingenieril que entra a su evaluación. Creemos que el titular legítimamente puede modificar un proyecto si tiene observaciones de servicios, el municipio o de la comunidad, desde el punto de vista de sus características y también del lugar de emplazamiento".

En relación a cómo se vigilará que no exista una discriminación arbitraria de proyectos, el secretario de estado explicó que "La comisión nos señala cinco criterios los que deben verse materializados en un proyecto de ley, que nos permiten caracterizarlos. Lo que sí valoramos de esta propuesta es que hay proyectos que se le pueden poner distintos apelativos, emblemáticos, complejos, estratégicos o que son de gran envergadura al año podrán ser dos a tres proyectos que genera una carga al SEA muy importante y a los servicios regionales una carga muy relevante. Hay que reconocer que ese tipo de proyectos se evalúan a nivel central y que el Estado debe proveer un mecanismo distinto de análisis y de evaluación de ese tipo de proyectos. Es cierto, hay que fijar una frontera de cuál es estratégico y cual no lo es (…) El monto de inversión, magnitud, ingreso como Estudio de Impacto Ambiental, etc, son parte de las tipologías que se ocuparán para catalogar a un proyecto como estratégico. Otra de las características estará relacionada con que provengan de los sectores de energía, minería, industria o grandes obras de infraestructura".

En relación a si actualmente están los recursos para que esto ocurra, sostuvo que "El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ha mostrado flexibilidad y capacidad para desarrollar Proceso de Participación Ciudadana. Por lo tanto, obviamente habría que evaluar y estimar la cantidad de este tipo de procesos que podrían desarrollarse con esta recomendación. No obstante, nosotros como ministerio valoramos positivamente esta propuesta".

Sobre una cuantificación de cuánto cuesta en promedio un Proceso de Participación Ciudadana, aseveró que es relativo porque depende del proyecto, lugar de emplazamiento, y complejidad del proyecto. "No obstante esta recomendación animaría una modificación reglamentaria y al presentar la modificación reglamentaria obviamente en ese momento habría que tener la estimación de cuántas declaraciones de impacto ambiental tendrían proceso de participación ambiental".

Dado lo anterior y si esto implicaría un aumento en el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que "Eso iría de la mano a través de una modificación reglamentaria para desarrollar este tipo de procesos de participación ciudadana. En el informe que recibimos no está cuantificado ni estimado el eventual aumento de procesos de participación ciudadana. Ese no fue su objeto. Pero para que nosotros emprendamos el camino para que exista el cambio, creo que es el momento de poder hacer las estimaciones y los supuestos para poder implementar esta reforma. Acá hay una propuesta de reforma, otra cosa es el camino nuestro para materializar las propuestas que nos propone la comisión".

Respecto a si existe un tiempo de estimación de cuánto podrían reducirse los tiempos de tramitación con las mejoras en la gestión, el ministro indicó que "La baja en los tiempos de tramitación en el sistema, hoy es fundamentalmente una responsabilidad de los titulares. En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los servicios públicos tienen plazos fatales para pronunciarse y para evaluar a diferencia de los titulares que no tienen para responder y pueden suspender la tramitación de proyectos. Por lo tanto, el tiempo efectivo que demora la evaluación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental depende fundamentalmente del grado de información que contenga su solicitud del titular".