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Chile

25 de Octubre de 2010.- El Subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda afirma que sólo si la empresa sigue funcionando podrá cumplir con sus compromisos financieros.

— ¿Cuál es la situación laboral de los trabajadores de la minera San Esteban?
— La situación de los mineros nos preocupa enormemente y es por ello que la ministra del Trabajo, Camila Merino ideó un plan de tres pilares fundamentales: El primero de ellos dice relación con el “cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa”, que se concreta a través de fiscalización de la Dirección del Trabajo y con la atención gratuita de la defensoría laboral pública. Segundo, un “programa especial de capacitación” para entregarles competencias y certificación, que se ha hecho con los trabajadores a través de un levantamiento sobre los intereses y expectativas futuras. Y, por último, un “plan de intermediación y reubicación de los trabajadores”, en que hemos hablado con más de 100 empresas y con la Sonami pidiendo colaborar con la reubicación de los funcionarios de San Esteban S.A.
— ¿Cuál es la diferencia en materia de derechos laborales entre los mineros que no estuvieron atrapados y los rescatados?
— Los trabajadores que fueron rescatados están con licencia médica, de tal forma que ellos mantienen su vínculo laboral y se les están pagando sus prestaciones y remuneraciones.
A los demás funcionarios de la entidad (80%) se les comunicó el viernes 8 de octubre el término del contrato por “necesidades de la empresa” y hay otros (15%) que siguen trabajando, vinculados a la minera San Esteban S.A., en su mayoría dirigentes sindicales.
A quienes se les puso término del contrato de trabajo están en libertad de acción para buscar empleo, hacer valer sus derechos del seguro de cesantía y cobrar sus indemnizaciones por años de servicio.
— ¿Es posible conciliar las ofertas de trabajo con la nueva agenda de los rescatados? ¿No será que la urgencia laboral la tienen ahora quienes no estuvieron bajo la mina?
—El compromiso que asumió el Gobierno fue hacer todo lo posible para que consigan trabajo, pero no está en nosotros que las contrataciones se produzcan y tampoco que ellos las acepten.
Es muy diverso el abanico de todos los mineros, pero lo central es que se ha hecho un esfuerzo sustancial para colaborar en su reubicación.
— ¿Han conversado con los dueños de la mina para convenir un pago de finiquitos? ¿Cuál sería el timing para este proceso?
— Los finiquitos hay que entenderlos en el contexto en que se dan, considerando la legislación vigente y la situación de la compañía. Por ello, se estableció en los finiquitos que la causal de término de contrato fuera “necesidades de la empresa”, eso significa que ellos adquirieron un derecho incuestionable a cobrar sus años de servicio.
La ley establece un plazo de 60 días para que el empleador pague las indemnizaciones, de no pagarse en ese período los trabajadores tienen que iniciar las acciones administrativas (Inspección del Trabajo) y judiciales (Tribunales), salvo que, de común acuerdo, establezcan que se pague en cuotas.
— ¿Qué puede hacer el gobierno para desactivar el frente de protestas de los mineros de San Esteban?
— El conflicto esta enfocado al pago de los finiquitos. El Ejecutivo ha estado con mucho celo fiscalizando y preocupado de que se pague el 100% de las remuneraciones y cotizaciones previsonales. Eso esta al día, incluso a quienes se les comunicó el término el contrato se les pagó la remuneración y cotizaciones del mes de octubre.
El facilitador les ha propuesto pagar el finiquito en cuotas, los trabajadores lo han rechazado, están en su derecho, pero la empresa ha dicho que no tiene recursos.
Se debe hacer un esfuerzo extraordinario de buscar los caminos para que esta compañía sea viable y siga existiendo en el futuro y con sus operaciones pueda pagar todas estas cuentas. El tema se debe discutir y nosotros siempre estaremos dispuestos a facilitar el diálogo.

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PROTECCION LABORAL
— ¿El Presupuesto 2011 garantiza el fortalecimiento en seguridad laboral?
— Los recursos nunca serán suficientes, pero hay un compromiso serio de parte del Gobierno de instalar el valor prioritario en salud, seguridad y vida de los trabajadores, tanto en la industria como en el comercio (Estrategia).

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